Magistrados contraatacan

La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires suele reaccionar ante cualquier señalamiento que hacen los políticos cuando se empiezan a deslindar responsabilidades en la inseguridad, y en esta nuevo capítulo los magistrados apuntaron sus cañones contra el Gobernador Bonaerense, Daniel Scioli, y el Jefe de Gabinete Nacional, Florencio Randazzo.

El documento titulado “nuevos ataques contra la independencia del Poder Judicial”, la entidad –que agrupa a gran cantidad de jueces de la provincia- se sintió afectada por la frase que días atrás dijo Scioli sobre que "la Policía detiene, pero después libera la Justicia". Por ello, los jueces repudian que el Gobernador haya puesto “en tela de juicio en forma indiscriminada e intolerablemente genérica la actuación de la magistratura, lo que implica un ataque y desprestigio al Poder Judicial, institución que él, como titular de otro de los poderes del estado provincial, tiene el deber cívico de conocer, respetar y hacer respetar”.

“Si el Gobernador Scioli cuenta con la información necesaria para individualizar qué juez excarceló indebida, ilegal o ilícitamente a qué imputado y en qué causa, pesa sobre él el deber jurídico de formular la pertinente denuncia y/o de promover su enjuiciamiento político”, dispararon en el documento.

Lo mismo le critican a Randazzo, luego que éste dijera al referirse a los menores de edad que delinquen sobre que los jueces cuentan con “todos los elementos para que los peligrosos estén entre rejas".

En cuanto a la discusión sobre los menores y la baja de imputabilidad, la Red recordó que “cuando el autor de un delito tiene menos edad que la indicada, los jueces sólo podemos sobreseer al imputado, disponiendo el pase de la actuación al ámbito administrativo de protección y a la Justicia de Familia”.

“Si bien la ley autoriza a adoptar medidas restrictivas de la libertad, cuando los menores inimputables hubieran cometido delitos graves, el juez penal juvenil se encuentra con que no hay en esta provincia establecimientos idóneos y habilitados para recibirlos, sin perjuicio que la Subsecretaría del Menor es refractaria a aceptar que esos menores estén bajo la guarda de los jueces e institutos del fuero aludido”, añadieron.

Los jueces que integran la Red advirtieron que “las declaraciones aludidas no reflejan la verdad, sino más bien el intento de trasladar a otros las propias responsabilidades de alguno de los funcionarios que las emitieron”, y por ello dijeron sentirse como “chivos expiatorios de los periódicos rebrotes delictivos que, cada vez más asiduos y violentos”.

Además, aclararon que “no es función del Poder Judicial adoptar políticas vinculadas a la seguridad pública” sino que esa tarea está “reservada a los demás poderes del estado, en particular, al Poder Ejecutivo”.

“Los jueces penales, en cambio, estamos para juzgar los delitos ya cometidos, conforme las pruebas que aportan las partes, procediendo con arreglo a la legislación vigente dictada por el Congreso de la Nación que sancionó el Código Penal, y por la Legislatura Bonaerense que aprobó la ley que rige el modo de realización de los trámites procesales”, concluyeron.

También aclararon que “si en un proceso se concede la libertad provisoria o excarcelación, al sospechoso que aparece sindicado como autor del delito, ello se debe —fundamentalmente— a que en nuestro Estado de Derecho el imputado goza de la presunción de inocencia, de naturaleza constitucional, al menos, hasta tanto se demuestre lo contrario por sentencia firme, con lo cual la prisión preventiva sólo se justifica para el debido aseguramiento de los fines procesales, pero jamás como una pena anticipada”.

El documento lleva la firma del presidente de la Red, el juez marplatense Esteban Viñas, y la Vicepresidenta Adriana Nanni.