Alejandro Logoluso y Diana Martha Landi Gil fueron detenidos en Paraguay el 29 de marzo de en Asunción por efectivos de la Dirección de Política y Afines, una suerte de policía secreta del vecino país. La pareja había intentado abandonar el territorio argentino por entender que estaban siendo buscados pero, tras su detención fueron entregados en la Argentina a militares que los aguardaban en una base aérea, según pudo saber Diario Judicial. La denuncia por la "privación ilegítima de la libertad" de la pareja fue efectuada en diciembre de 1993 por el fallecido presidente de la Asamblea permanente por los Derechos Humanos (APDH) Eduardo Fermín Mignone en representación de los familiares de Logoluso.
Ambas detenciones se inscriben en el denominado Plan Cóndor, pergeñado por los militares en el poder en distintos países de la región para facilitar la detención, secuestro o asesinato de opositores que se refugiaban o actuaban en otros territorios.
La llegada a la subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de información referida a la presunta desaparición de ciudadanos argentinos en Paraguay, que actualmente esta siendo cotejada con otros archivos, hizo que el juez Galeano requiriera hoy a ese organismo toda la información referido al caso que investiga, así como también ratificar los exhortos librados a Paraguay para interrogar al coronel retirado Benito Guanes y al capitán de fragata Lando Sosa, los dos militares que volaron a la Argentina para entregar a la pareja de detenidos. Galeano encontró negativas por parte de las Fuerzas Armadas argentinas a sus requisitorias para que se les informe sobre éste hecho, ya que hasta el momento no se han podido identificar a los militares de nuestro país que recibieron a las dos personas que aún permanecen desaparecidos.
El magistrado recibió oportunamente copias de los denominados "archivos del Terror" encontrados en Paraguay y que actualmente se encuentran en poder de la Corte Suprema de ese país. La Secretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, está tramitando una entrevista con los integrantes de ese tribunal para poder obtener un informe oficial acerca de los argentinos detenidos en ese territorio. Los interrogatorios de los militares paraguayos podrían aportar mayores datos respecto de la identidad del avión en que Logoluso y Landi Gil fueron trasladados y de los militares argentinos que los recibieron.
El juzgado, al igual que otras causas similares que se ventilan en distintas Cámaras Federales, entiende que las actuaciones se inscriben en lo que se conoce como el derecho a la verdad de los familiares por conocer el destino de los desaparecidos y que no han prescripto ya que se trata de un delito permanente. Notas relacionadas:
Plan Cóndor: chequean datos hallados en Paraguay. Del 19-01-2000 Click aquí