La Legislatura bonaerense analiza una propuesta para reformar el Código Procesal Penal en cuanto a la difusión de los procesos orales. Según el proyecto del diputado radical Abel Miguel, se crearía un inédito registro de medios y periodistas aceditados en cada juicio.
Ingresó a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de ley que busca modificar los artículos 338 y 342 de la ley 11922 (Código Procesal Penal provincial).
La propuesta, presentada por el diputado Abel Miguel (UCR-CC) sugiere habilitar a magistrados a consultar respecto de la difusión de un juicio. Sí la Legislatura convierte en ley el proyecto, se incorporará un inciso al artículo 338, el cual regula las audiencias previas al juicio oral, facultando a los jueces a decidir junto con las partes respecto del "grado de cobertura periodística" a los efectos de preservar debido proceso, "intimidad, imagen y seguridad". En esta audiencia preliminar se incluyen todos los temas atinentes a la modalidad de prueba a recibir por el tribunal.
Asimismo, para el artículo 342, que alude a las condiciones de difusión de un juicio, se agrega la posibilidad de que el propio Tribunal Oral disponga la habilitación de un registro de acreditaciones de medios y periodistas. "No se puede ignorar que la actividad de los medios tiene gran influencia en nuestro mundo cotidiano y los procesos penales no están exentos", señaló el legislador de la Coalición a DiarioJudicial.com.
El diputado remarcó respecto de su iniciativa que: "Si bien este Código fue pionero en materia de observar la mayor transparencia y le dio entidad a la actividad periodística, creemos que es necesario respaldar las acciones de magistrados que, ante casos trascendentes, han resuelto de hecho acciones para que la prensa realice su mejor labor, preservando los derechos personales de imputados y damnificados".
"No se puede ignorar que, hoy en día, la actividad de los medios tienen una gran influencia en nuestro mundo cotidiano y los procesos penales no están exentos, razón por la cual se le debe dar entidad en la discusión judicial, al menos en los momentos previos al inicio del proceso, mientras que el registro de acreditaciones legaliza de algún modo la actividad periodística ante eventuales responsabilidades", declaró Miguel.
El legislador tomó como fundamentos y antecedentes los Pactos Internacionales con rango constitucional como la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), Pacto Internacional de Derechos Civiles y la tesis "Análisis de la participación de la prensa en la difusión de juicios orales de la justicia penal bonaerense", de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, de Martín López Lastra.
También se tomaron antecedentes legales tales como la Acordada de la Corte de Nación del año 2008 que reglamenta los requisitos para la difusión de procesos en los distintos fueros, y conclusiones de distintos Encuentros de la Junta Federal de Cortes (JUFEJUS).
En territorio bonaerense, mientras que el anterior sistema inquisitivo dejaba lugar a dudas el tema de la publicidad de los juicios, en el nuevo sistema acusatorio prevé que ese principio se extienda, virtualmente, a la totalidad de las causas.
"Entre las ventajas de implementar las reformas que se proponen es una facultad de los miembros de una comunidad para controlar las decisiones que afectan directa o indirectamente a las personas gobernadas. Constituye una garantía para el imputado en el juicio penal, respecto de que se cumplan todos los requisitos de un juicio justo y sirve para dejar en evidencia las posibles irregularidades. Tiene a su vez una característica preventiva en el sentido de que si hay culpabilidad y hay condena la sentencia torna más fuerte el efecto intimidatorio. La presencia de medios limita al máximo la posibilidad de mendacidad, dada la fuerza ejercida no ya por los presentes en una sala de audiencias sino por las luces de la televisión", concluye el diputado en los fundamentos de la norma propuesta.