Es la primera audiencia convocada por el Tribunal para el 16 de marzo próximo, y en la que fueron citados losestados Nacional, Porteño y Bonaerense, para que informen sobre cómo avanza el proceso de saneamiento que ordenó la propia Corte en 2008. Además, se convocó al Defensor del Pueblo y la Auditoría General de la Nación.
La Corte Suprema de Justicia convocó al Estado Nacional, de la provincia de Buenos Aires y al de la Ciudad a una audiencia pública para el próximo 16 de marzo, para que informen en cómo se avanza en el proceso de saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, lo que en 2008 ordenó el Tribunal mediante una resolución.
Se trata de la primera audiencia pública fijada por la Corte, y en ella “con la intervención personal de los funcionarios a quienes asista la más alta responsabilidad en cada una de las jurisdicciones alcanzadas”, el Tribunal interrogará sobre “el grado de avance en el cumplimiento de cada uno de los mandatos impuestos en la sentencia condenatoria dictada el 8 de julio de 2008”.
Además, la Corte también convocó al Defensor del Pueblo de la Nación, para que de cuenta “del grado de cumplimiento del plan de saneamiento hasta la fecha”, así como a la Auditoria General de la Nación, “con el objeto de informar las dificultades que haya tenido para efectuar el control encomendado en el fallo y las observaciones que ha realizado hasta el momento”.
En el fallo, los integrantes de la Corte encomendaron a su presidente, Ricardo Lorenzetti, a “que dicte todas las medidas complementarias para el mejor cumplimiento del acto al que se convoca”.
“Se considera que la realización de una audiencia pública con todas las partes que tienen bajo su responsabilidad el cumplimiento de las obligaciones impuestas, constituye un provechoso instrumento para que el Tribunal tome conocimiento inmediato e integral de todas las circunstancias concernientes al genuino estado del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el fallo, sobre la base de los informes orales que deberán efectuar personalmente ante este estrado los más altos funcionarios responsables de cada una de las jurisdicciones alcanzadas”, señala la resolución.
Por el momento, la causa sigue encomendada al juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien tiene a su cargo el control de las tareas y objetivos que dispuso la Corte para avanzar en la limpieza de la cuenca.
Días atrás, el juez Armella impuso un embargo por un monto de 120 mil pesos a la empresa Centro Internacional de Contenedores (CICSA), ubicada en el barrio porteño de Barracas, luego que la misma se negara a cumplir con órdenes judiciales para limpiar las márgenes del Riachuelo.
La decisión sobrevino luego de la negativa de la empresa, y con el objetivo de cubrir los gastos en limpliar el llamado “camino de sirga”.
“Ha quedado debidamente plasmado en autos que habiéndose notificado a la empresa CICSA de su obligación resultante del fallo Mendoza, consistente en liberar el camino de sirga, dicha firma comercial ha incumplido la manda judicial, manifestando su volunta contraria de llevar a cabo lo ordenado”, justificó el juez.
En la causa, la Corte Suprema impuso un orden de tareas que deben ir cumpliendo las autoridades de ACUMAR –organismo que reúne a los tres estados- y cuyo control está a cargo del juzgado de Quilmes.