Los representantes del Ministerio Público Fiscal cuentan con un nuevo manual sobre cómo proceder en delitos contra presos. Se trata de un texto aprobado por la Procuración Nacional cuyo objetivo es resguardar las condiciones de detención.
El Procurador General de la Nación, Esteban Righi, aprobó un protocolo de actuación y de consulta de los fiscales para aquellos casos de vejaciones, apremios ilegales y torturas de personas detenidas en las cárceles u otros lugares de encierro.
El texto aprobado es para hacer cesar aquellos delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad contra personas detenidas, y recuerda a los fiscales que en aquellos casos que realicen visitas a los penales, “en caso de hallar circunstancias que agravaran las condiciones de detención de las personas alojadas, interpusieran las medidas del caso para hacerlas cesar de inmediato”.
Entre las pautas fijadas, se establece que respecto al interrogatorio a víctimas y testigos se lo haga sin la presencia de ninguna fuerza de seguridad, y que en caso de ser trasladado a un lugar que no dependa de las autoridades del establecimiento en dónde se investigan los hechos.
En ese sentido, el protocolo insta a una vez finalizado el testimonio se aloje al detenido víctima de un delito en otro establecimiento penitenciario de aquel en que sucedieran los hechos investigados, y que no dependa de las mismas autoridades centralizadas que aquel.
Sobre las pruebas médicas, psicológicas y psiquiátricas, deberá mediarse para que los exámenes se realicen de manera urgente, por parte de un médico forense o bien en un hospital público.
Además, el informe médico sobre el detenido será referido al estado general de la víctima, con un examen físico completo y una descripción detallada de las lesiones que presenta en su cuerpo.
Para aquellos casos en que falleciera la víctima de un delito, el protocolo prevé que el cuerpo sea resguardado para realizar la autopsia, y se recomienda la declaración de familiares del detenido.
“En caso de que en el marco de una visita a un establecimiento donde se encuentren alojadas personas privadas de libertad, se advirtiesen irregularidades en las condiciones de detención, se recuerda la vigencia de la Resolución PGN 166/05 en cuanto a la recomendación de que en tales casos se interpongan urgentemente las acciones pertinentes para hacer cesar inmediatamente tal situación y se invite para ello a los Sres. Defensores Públicos a efectos de hacerlo de un modo conjunto”, establece el documento.