La Comisión Interamericana de Derechos Humanos culminó su 141º periodo de sesiones. El organismo mostró su preocupación por la situación en Honduras y por la situación ambiental en la región.
Entre el 21 de marzo y el 1 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó el 141 período de audiencias en el que se llevaron adelante varias reuniones con respecto a la situación de los DDHH en la región.
En concreto, se realizaron 44 audiencias y 29 reuniones de trabajo. Asimismo, se aprobaron 68 informes sobre casos y peticiones individuales: 15 de admisibilidad, 4 de inadmisibilidad, 4 de solución amistosa, 11 de fondo, 4 decisiones de publicación de informe de fondo, y 34 informes de archivo.
Según sostuvieron desde el organismo internacional persisten en la región “problemas estructurales en materia de derechos humanos” que se refieren al respeto al derecho a la vida y la integridad personal, las garantías del debido proceso y la protección judicial, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, así como la situación de los derechos de los niños, de los migrantes, entre otros.
Entre otras la Comisión vio con buenos ojos la aprobación en México de un proyecto de reforma constitucional que, entre otras cosas, eleva a rango constitucional los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales suscritos por este país. Asimismo volvió a mostrar preocupación por la continuidad de las violaciones a DDHH en Honduras principalmente en lo referente al “uso desproporcionado de la fuerza pública para reprimir manifestaciones públicas contrarias a las políticas del actual Gobierno, la falta de independencia del poder judicial y la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos”.
Con respecto a nuestro país, se realizó una audiencia por la situación de los privados de libertad en las cárceles bonaerenses, tal y como diera cuenta este medio días atrás. Donde la CIDH reafirmó que el Estado “debe implementar políticas públicas integrales con relación a las personas privadas de libertad, lo cual, entre otras cosas, implica destinar recursos suficientes a la gestión penitenciaria”.
Asimismo se aprobó, con respecto a nuestro país, tres acuerdos de solución amistosa en el marco de los casos “Inocencio Rodríguez” (Petición 2829-02); “Aníbal Acosta y L. Hirsch” (Petición 11.708) y “Ricardo Monterisi” (Petición 11.833).
Una novedad que se planteo fue que la la CIDH decidió crear una Relatoría sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos. Ello en el marco de las denuncias recibidas y en busca de “dar mayor visibilidad a la importancia del rol de las defensoras y defensores, así como de los operadores de justicia, en la construcción de una sociedad democrática en la que tenga plena vigencia el Estado de derecho”.
Por otra parte, no quedó fuera el tema medioambiental ya que la Comisión recibió información “alarmante” sobre el grave impacto del cambio climático ocasionado por actividades humanas sobre el goce de los derechos humanos. “El fenómeno afecta especialmente regiones de montañas, donde el deshielo, la pérdida masiva de glaciares y los aumentos en la temperatura media global disminuyen el acceso al agua, reducen la producción de alimentos y crean nuevas enfermedades” sostuvieron desde el organismo.
En el mismo sentido, hicieron hincapié en “los desplazamientos forzosos que en muchos países de la región están ocurriendo como consecuencia de la construcción de mega represas y la explotación de recursos naturales en territorios indígenas y afrodescendientes, lo cual en muchos casos pone en riesgo la supervivencia de esos pueblos”. Es por ello que se instó a los Estados a adoptar las medidas necesarias “para superar los obstáculos que impiden el pleno ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada de las poblaciones indígenas y afrodescendientes sobre decisiones que afecten sus territorios”.
El próximo periodo de sesiones se realizará entre el 18 al 22 de julio y no se realizarán audiencias ni reuniones de trabajo. La CIDH se encuentra integrada por Dinah Shelton, Presidente; José de Jesús Orozco Henríquez, Primer Vicepresidente; Rodrigo Escobar Gil, Segundo Vicepresidente; las Comisionadas Luz Patricia Mejía y María Silvia Guillén, y los Comisionados Felipe González y Paulo Sérgio Pinheiro.