Lo dijo el Presidente de la Comisión Bicameral, el diputado bonaerense Gabriel Villegas, en respuesta al documento elaborado por varias organizaciones en apoyo al magistrado.
Gabriel Villegas, presidente de la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires -comisión que acusó al juez de garantías de San Isidro Rafael Sal Lari- sostuvo que “en ningún momento la Comisión actuó en busca de un plan de seguridad, sino haciendo uso de las facultades constitucionales que son otorgadas a los efectos del control entre los tres poderes”.
Es por el documento elaborado por varias organizaciones, y que lleva más de 300 firmas en favor del juez cuestionado, entre las que se encuentran el CELS, la Comisión por la Memoria y el INCECIP, entre otros, y donde se sostiene que “no pesan sobre el Juez Rafael Sal Lari acusaciones relativas a la comisión de ilícitos en el ejercicio de su función. No sólo no existen sospechas de corrupción, sino que tampoco se ha puesto en tela de juicio su probidad, su honradez”.
Asimismo, se habla de que el magistrado es utilizado como “un nuevo chivo expiatorio para el fracaso de las políticas de seguridad en la provincia” y que está siendo acusado por “hechos falsos”. “Este tipo de respuestas demagógicas buscan emparentar los reclamos de seguridad con restricciones en el ejercicio de derechos e insisten con recetas fracasadas” sostuvo el Cels en un reciente comunicado.
Por su parte, Villegas sostiene que “lo que estos organismos no entienden, es que el sistema republicano está vigente en la República Argentina”. Y en este sentido agrega: “estos organismos intentan plantear para su beneficio, que este jury se inscribe dentro del debate entre garantismo y mano dura, algo que es totalmente falso. El juez Sal Lari será juzgado, no por garantista, sino por no cumplir con la Ley, tanto al momento de liberar detenidos como al momento de dejar 7 meses detenida a una persona a la que se le había ordenado liberar”. “Me llama la atención que estos organismos que deben defender los derechos y garantías constitucionales defiendan a un juez que los ha violado”, concluyó.
Ante las denuncias de presiones el diputado explicó que “la Comisión Bicameral sólo ha recibido mensajes telefónicos y escritos intentando ejercer presión sobre la decisión de los legisladores que la componen, provenientes de estos organismos que hoy tildan el caso como una campaña política y mediática”.
Para terminar, el presidente de la Comisión, recordó algunos de los once casos por los que Sal Lari se encuentra acusado ante el Jury. Uno de ellos, por ejemplo, es el que deriva de un asalto protagonizado por dos delincuentes que despojan a una pareja de sus bienes y abusan sexualmente de la mujer. Ambos fueron excarcelados bajo caución juratoria, sin tomarse en cuenta que uno de ellos, al momento del ilícito, había violado un arresto domiciliario impuesto por el Tribunal de La Matanza.
El jurado, presidido por la titular de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan, e integrado por cinco abogados de matrícula y cinco legisladores letrados, deberá resolver ahora si se somete al magistrado a jury o si se rechazan las denuncias y se archiva la causa. En caso de hacerse lugar a las acusaciones, se lo suspenderá en el cargo hasta que se defina si es destituido y se le embargará el 40 % del sueldo.