Gracias a una modificación en la Ley de Régimen Electoral, Bolivia ahora podrá elegir a los jueces que integren los órganos judiciales de ese país: el Tribunal Supremo de Justicia, el de Constitución Plurinacional, el Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Según confirmó el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Marco Ayala, esta convocatoria podría realizarse el nueve de octubre de este año.
Previo a la elección de los magistrados, los diputados bolivianos deberán realizar una preselección de candidatos a puestos jerárquicos, y según estipula la nueva normativa, deben ser aprobados por dos tercios de los legisladores. Esta primera fase tiene una duración de 60 días, en tanto la Ley dispone que en 90 días sean organizados los comicios.
El constitucionalista Gregorio Badeni, en declaraciones a DiarioJudicial.com, aseveró que “una medida semejante implica politizar el Poder Judicial, ya que en el futuro los magistrados se van a ver afectados por la opinión de las personas que los van a votar. Por eso sus decisiones serán parciales y medidas según lo que él considere que pida la gente y no en sus conocimientos vertidos objetivamente a la hora de realizar una sentencia”.
Si bien los postulantes no se presentarán en el marco de partidos políticos, Badeni piensa que “los magistrados van a obrar con criterio político para seguir en el cargo. La politización del Poder Judicial es nefasta”.
También planteó qué sucedería en Argentina. “Aquí se presentaría el mismo problema: la politización de los magistrados sería inevitable. Si hoy algunas personas se agravian por las decisiones de jueces federales que fallan de tal forma para mantener su cargo, habría que imaginar que pensaría la gente si ese juez hiciera lo mismo pensando en sus posibles votantes”. Precisó además que “en nuestro país un debate como este jamás llegó a Comisiones legislativas, se ha tratado mayormente en ámbitos académicos y teóricos”.
Actualmente en Bolivia, la mayoría de los organismos judiciales están compuestos por jueces designados por el Poder Ejecutivo. Con esta elección, se elegirán cargos para todas las jurisdicciones del país, entre más de 120 postulantes.
La iniciativa también afirma que un 50% de los preseleccionados deben ser mujeres, y que además debe contar con la presencia de magistrados de origen indígena. También es requisito que los interesados tengan ocho años de experiencia en el ejercicio de la abogacía, así como también tienen que haber sido docentes universitarios.
Asimismo, la Ley asegura que “los medios audiovisuales de comunicación del Estado Plurinacional deberán disponer espacios para la difusión, por parte del Tribunal Supremo Electoral, de los datos personales y principales méritos de los postulantes. El Tribunal Supremo Electoral incluirá en el presupuesto del proceso la partida correspondiente para cubrir los costos de esta difusión”.
A pesar de que la iniciativa es sumamente inusual, algunos países cuentan con un sistema similar. En Japón, por ejemplo, desde 1947 la gente ratifica o rechaza la elección de ministros de la Corte Suprema, que son seleccionados por el Poder Ejecutivo. Luego, son estos magistrados los que realizan la elección de los miembros de los tribunales inferiores.
En Estados Unidos la situación es más compleja. Si bien más del 80% de los magistrados son elegidos por voto popular, no todos se someten a tal instancia. Además, en ese país también hay algunos estados en los que la votación no se da para acceder al cargo pero si para mantenerse en él.
dju
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