Es la que debería tener el gobierno si quiere solucionar rápido la cobertura del nuevo fuero Penal Tributario, que se convertirá en uno de los puntales de su lucha contra la evasión. En realidad, haber aprobado el proyecto inicial tal como fue del Poder Ejecutivo sin introducirle las modificaciones que propuso Cruchaga, fue una picardía del peronista Miguel Pichetto. Con eso -pese a que el PJ apoya en líneas generales a estas reformas- obliga a Gil Lavedra -más ducho en cuestiones doctrinarias que en los laberintos de la pulseada política cotidiana- a retomar la negociación con los diputados antes de entrar en la pelea mayor con el Senado y de paso, hacerle perder un tiempo precioso: en febrero, cuando retorne a pleno la actividad en los Tribunales, la polémica por la creación del fuero Penal Tributario -una idea que anidó primero en Domingo Cavallo y luego la retomó Carlos Silvani - se pondrá al rojo vivo. Es que los tributaristas críticos consideran que la DGI quiere tener jueces a su medida para poder imponer un mayor cumplimiento fiscal de parte de los contribuyentes, una de las principales exigencias del Fondo Monetario Internacional.
hugo morales / dju
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