Se elaboró en la provincia una guía local de orientación para los magistrados en la atención de personas consumidoras de drogas. Los detalles del protocolo provincial.
El protocolo fue presentado oficialmente la semana pasada en la provincia de Salta e integra los conocimientos del área médica y social a las situaciones que se plantean a diario en los Tribunales salteños y es de cumplimiento obligatorio para todos los prestadores del área asistencial.
La guía establece que la primera evaluación será realizada por profesionales del Samec, Guardia del Hospital Público y Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial y del Ministerio Público, discriminándose los pasos a seguir según se trate de pacientes intoxicados agudos o pacientes no intoxicados adictos y según sean mayores o menores de edad.
Su uso, además, está restringido a los asuntos judicializados, es decir aquellos que ingresan al sistema por delitos que involucren casos de adicciones a sustancias psicoactivas. La aplicación de este protocolo será seguida por una comisión formada al efecto.
Asimismo se recomienda que el propósito es “priorizar y agilizar la gestión, tratamiento y tramitación de los asuntos relativos a los pacientes que padecen adicción a sustancias psicoactivas”.
En cuanto a las medidas coercitivas se aclara que estas deben “priorizar la estrategia del tratamiento que menos comprometa la continuidad de los lazos sociales del paciente (familiares, afectivos, laborales, educativos, etc) y también se pretende un implicación subjetiva del adicto en la posición de este, traducida en un cambio en su vínculo con las drogas”.
La comisión fue encabezada por la jueza de la Corte de Justicia de Salta, María Cristina Garros Martínez e integrada por la Secretaria de Salud Mental y Abordaje Integral de las Adicciones, Claudia Román Ru; el Director General de Relaciones Intrainstitucionales del Ministerio Público, José Quiroga y Ricardo Maciel Cornejo en representación de la Dirección de Rehabilitación y Reinserción.
También la integraron los jueces de Familia 2, Víctor Soria, de Instrucción Formal 5, Pablo Arancibia, de Instrucción Formal 1, Martín Pérez, de Ejecución, Francisco Mascarello y de la Cámara en lo Criminal 2, Angel Longarte; la Asesora de Menores e Incapaces 6, Silvia Ibarguren; el Defensor de Menores 2, Adolfo Sánchez Alegre; el Asesor de Incapaces 4, José Manuel Pereira; el médico del Ministerio Público, Cristóbal Heredia, la licenciada del Servicio de Psicología del Poder Judicial, Ana María Cianchi; la Jefa del Servicio de Psicología del Poder Judicial, Nelly Barrojo y la Jefa del Servicio Social del Poder Judicial, Margarita Diez.