En ese sentido, el representante legal de la gobernación puntana , Alberto Rodríguez Saá, intimó al presidente del Banco Nación, Enrique Olivera, a devolver los depósitos a la provincia bajo la comisión del delito de “retención indebida”.
Antes de realizar el pedido, Rodríguez Saá criticó duramente las medidas económicas que tomó el gobierno de Eduardo Duhalde, y dijo que las mismas fueron la “mayor maniobra de despojo” de la historia argentina.
Asimismo, el letrado de San Luis expresó que “la gran estafa a los argentinos se conformó de tres etapas: la primera de ellas está dada por la retención indebida de los depósitos, la segunda por la imposición de una corrida inflacionista y la tercera por la estatización de la deuda externa”.
“Con estas medidas sólo se beneficiaron los banqueros, y las grandes empresas”, sentenció Rodríguez Saá, quien remarcó que todos los que se ven salvados por estas medidas son desconocidos para el común de la gente.
También, consideró que la posición San Luis es igual a la de “cualquier ahorrista” ya que ellos al igual que los depositantes particulares fueron despojados de su dinero por las normas del PEN.
Por su parte, Citara aseveró que no podía dar una opinión sobre el pedido de Rodríguez Saá ya que desconocía por completo los contenidos de la presentación y que ante este hecho no podía negociar nada por respeto “a su cliente”, el Estado Nacional, e indicó que el verdadero depósito de la provincia era de 350 millones de pesos.
Tanto, Citara como el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, coincidieron en que los dichos del defensor de San Luis no eran ciertos y el procurador fue más lejos cuando solicitó la desgrabación completa de la exposición de la provincia y aclaró que el Estado se reservaba el derecho se accionar por el contenido de esas afirmaciones.
La audiencia convocada por la Corte se produjo respecto de una demanda que interpuso la provincia contra la Nación, para que se le reintegre la suma de 247.394.883 dólares que quedaron atrapados dentro de los alcances de decreto 1570/01 y sus modificaciones, las cuales congelaron la libre disponibilidad de los depósitos bancarios por parte de los ahorristas.
Semanas atrás el Máximo Tribunal estudió una presentación del Banco Central que se refería a la situación de los recursos financieros. De acuerdo con los trascendidos que habían circulado, el BCRA habría alertado sobre la situación que provocaría un fallo de la Corte que obligue al gobierno a reintegrar en su totalidad los 247 millones de dólares reclamados por San Luis, forzando a la emisión de moneda más allá de los cálculos previstos para el ejercicio actual.
El reclamo de la provincia se tramita ante la Corte como juicio originario y pretende que se le permita extraer al Ejecutivo puntano la suma de dólares que fue depositada en el Banco Nación como reservas presupuestarias acumuladas en los últimos años durante el período del ex gobernador y presidente Adolfo Rodríguez Saá.
Del encuentro que se realizó en el cuarto piso de justicia, que fue presidido por Julio Nazareno, además, tomaron parte la gobernadora de San Luis, Alicia Leme, el director del Banco Central, Mario Bleger, el del Nación, Enrique Olivera otras autoridades nacionales y provinciales y los ministros Eduardo Moline O’connor, Adolfo Vázquez, Guillermo López, Antonio Boggiano y Augusto Belluscio.
Reclamos
A pesar del gran dispositivo de seguridad que se montó en el Palacio de Justicia dado el importante acuerdo que iba a llevar acabo en el Salón de audiencias de la Corte Suprema decenas de ahorristas ingresaron al recinto y una vez que culminó el mismo, virtualmente coparon las instalaciones.
Al grito de “chorros, chorros devuelvan los ahorros”, el grupo de indignados depositantes intentó increpar al ministro Remes Lenicov, quien debió salir corriendo para evitar a la turba de gente y permanecer un buen rato en una de las oficinas del inmueble ubicado en Talcahuano 550.
El grupo, una vez que culminó la audiencia, se apersonó en la sala de acuerdos y golpeando cacerolas se manifestó en contra de las normas restrictivas del PEN, ante la atónita mirada de el personal de justicia, que a pesar de controlar el acceso de la prensa no pudo con los ahorristas.