La OEA aprobó por unanimidad, en su Asamblea General, una resolución sobre la independencia y autonomía de la Defensa Pública Oficial. Se trata un proyecto que fue elaborado por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF).
"Es destacable la labor que desarrollan los Defensores Públicos Oficiales en diversos países del Hemisferio en la defensa de los derechos fundamentales de los individuos, específicamente, los servicios de asistencia letrada gratuita que permiten el fácil y oportuno acceso de todas las personas a la justicia, en particular de aquellas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad”.
Así se pronunciaron los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) al aprobar la resolución 2656 "Garantías para el acceso a la justicia. El rol de los defensores oficiales".
El proyecto fue elaborado por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), organismo que forma parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil de la OEA desde mayo de este año.
Desde la entidad que nuclea a los Estados de América aseguraron que el documento genera un marco normativo en el cual, por ejemplo, se estipula que el "acceso a la Justica es un derecho autónomo" y estima que "la defensa pública oficial es una herramienta eficaz para garantizar el acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad".
Pero, fundamentalmente, recomienda a los "Estados Miembros que ya cuentan con el servicio de asistencia letrada gratuita que adopten acciones tendientes a que los Defensores Públicos Oficiales gocen de independencia y autonomía funcional”.
Asimismo, también alentaron a "los Estados que aún no cuenten con la institución de la defensa pública, que consideren la posibilidad de crearla en el marco de sus ordenamientos jurídicos”.
Finalmente, recordaron que las "Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad", de la 19 Cumbre Judicial Iberoamericana en la capital brasileña, realizada en 2008, están destinadas a garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, a fin de que dichas personas puedan gozar plenamente de los servicios del sistema judicial".
Por último, aseguraron que el objetivo es "la implementación de políticas públicas destinadas a garantizar la asistencia técnico-jurídica de las personas”.