El Senado aprobó un proyecto de ley que prevé la creación de un nuevo estatuto para los teleoperadores: seis horas de trabajo cinco días a la semana. Ahora la reforma laboral deberá ser tratada en la Cámara Baja. Qué opinan legisladores, empleados y en la Cámara de Centros de Atención al Cliente.
Cada cubículo tiene poco más de un metro de ancho. Un par de auriculares con micrófono, un monitor de computadora con su mouse y su teclado, y poca decoración. Eso a la altura de la vista. Al levantarse del "escritorio" se pueden observar al menos mil puestos más idénticos, y algunas sillas elevadas un poco más que los cubículos que pertenecen a los puestos de los supervisores. Desde allí controlan que todos trabajen al pie de la letra, acatando el manual de los call centers.
Esa es la descripción de Juan Manuel Ruiz Lucini, un empleado de un call center, acerca de los espacios físicos de las empresas donde trabajó. "La primera vez que trabajé en un call center podría decir que fue la peor. Fue hace cinco años, cuando la actividad todavía no estaba muy regulada", contó a DiarioJudicial.com.
"Me tomaban el tiempo para ir al baño. Si me pasaba de un minuto y medio me empezaban a descontar. Por supuesto que no fue así en todas las empresas, pero en ese caso se manejaban de esa forma", observó Ruiz Lucini sin querer develar el nombre de la compañía.
Un proyecto presentado por los senadores Ramón Mestre y María de los Ángeles Higonet, que ya cuenta con media sanción de la Cámara Alta, será tratado en Diputados y, de convertirse en Ley, introduciría importantes cambios en el estatuto de los trabajadores de Call Centers.
"Son muchos los jóvenes estudiantes de mi provincia que emigran a otras ciudades para realizar sus carreras universitarias y a la par se desempeñan en distintos centros de atención de llamadas o Call Centers. Es a partir del reclamo de esos jóvenes sobre las malas condiciones de trabajo que encontré la motivación a profundizar en el tema", contó a DiarioJudicial.com la senadora Maria de Los Angeles Higonet (PJ, La Pampa).
"Por ello considerábamos necesaria y urgente una legislación apropiada, creíamos sumamente importante la creación de un estatuto que establezca normas específicas que salden algunas deficiencias en la calidad laboral de este ámbito", señaló la legisladora.
Entre otras cosas, prevé que la jornada laboral sea limitada a seis horas. Es decir, las empresas que brinden este tipo de servicio no podrán hacer trabajar más de esa cantidad de tiempo a los teleoperadores. Tampoco podrán trabajar más de cinco días por semana.
Es que actualmente, la jornada es de seis horas pero en muchos casos se trabajan seis días semanales.
Para realizar el proyecto, la senadora también precisó que "nos hemos reunido con ambas partes, y cada cual pudo dejar sentada su posición. El sector empresarial destaco la necesidad de garantizar adecuadas condiciones laborales y también planteo algunas reservas en lo que respecta a las horas de trabajo semanal y los descansos".
"Ese escepticismo fue recibido y se introdujeron algunas modificaciones al proyecto original, como por ejemplo, se modifico el artículo 6 retirando del mismo el franco compensatorio cuando el trabajador que por razones del servicio deba trabajar en feriados nacionales, o sea que con la modificación el trabajador solamente percibirá sus haberes con un incremento del 100 %", precisó Higonet.
Una de las quejas más comunes entre los trabajadores de Call Centers es el poco tiempo de descanso, ya sea entre llamada y llamada o durante el día. Si bien el tiempo que brindan las empresas puede variar, la nueva propuesta es que sea de quince minutos cada dos horas trabajadas. Teniendo en consideración que el límite de la nueva norma son seis horas, el descanso podría llegar a ser de 45 minutos.
"Estamos de acuerdo con que haya una regulación en el rubro. Desde la Cámara Argentina de Comercio (CAC) avanzamos muchísimo en este sentido, de hecho, para ser más preciso, nos autoregulamos de modo tal que no solo cumplimos con las normas vigentes en la materia sino que las superamos ampliamente", consignó Mario Miccelli, director ejecutivo de la agrupación de Centros de Atención al Cliente de la CAC, a DiarioJudicial.com.
Si bien en un principio su respuesta y posición frente al proyecto parece favorable, un portavoz de un call center precisó que "lo que es verdaderamente preocupante es que nadie nos haya hecho ningún tipo de consulta a la hora de elaborar esta iniciativa", en contraposición a las declaraciones de la senadora Higonet.
"Somos los mayores creadores de empleo para las franjas más vulnerables de la sociedad. Lamentablemente no fuimos consultados sobre cómo implementar una nueva regulación, nos enteramos de esto a través del diario. Esta iniciativa, como toda norma, tiene consecuencias sociales y económicas, que en este caso va a ser específicamente la pérdida de empleo", estimó Miccelli.
Desde la CAC también señalaron algunos datos con respecto al rubro: hay 60.000 teleoperadores en la actualidad, 18.000 son los que dejaron de trabajar en los Call Centers durante el último año y 25% es lo que subirían los costos laborales de aprobarse el proyecto impulsado por Higonet y Mestre.
Al respecto, la senadora Higonet se mostró optimista: "Es importante destacar que el proyectó tiende a mejorar la calidad del trabajo, ahora bien, esta mejora sustancial, no solo suple una necesidad, sino que también apunta a reducir el impacto que el trabajo tiene sobre quienes lo realizan".
"De esta manera, creemos que salvaguardadas las condiciones optimas de salubridad, el trabajador se encuentra en mejores condiciones y por consecuencia su rendimiento es mayor, beneficiando de esta forma al sector", cerró la legisladora.
Otra de las medidas estimadas en la nueva normativa es el descanso de al menos quince segundos entre llamadas. Porque, actualmente, cuando hay gente en espera, debe ser atendida por orden, sin ningún tipo de demora.
"Este es un trabajo que lleva en muchos casos al síndrome de burnout (síndrome de desgaste profesional) o, como suelen decir ellos, a tener la cabeza quemada", aseveró el secretario administrativo de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, Diego Fraga.