Luego de transitar pasillos y estanterías repletas de expedientes, Diario Judicial dialogó con el Vicepresidente de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Martín Laclau. El magistrado señaló que la inmensa cantidad de juicios por reajustes jubilatorios "no debería existir" y que encima llevaron a Fuero a una situación de "colapso patológico". Incluso apuntó que las solicitudes de juicios por internet "agravaron" la situación. Laclau también hizo hincapié en “la necesidad de una reformulación orgánica de todo el Sistema Previsional” y resaltó que esto no depende del Poder Judicial, sino de “una decisión política”.
¿Cuál es el estado general del Fuero, y el de la Cámara en particular?
Básicamente, como en todo el Fuero, esto está en una situación de colapso por la inmensa cantidad de juicios. Es una situación patológica, porque hay una gran cantidad de procesos que en realidad no deberían existir. Se están haciendo arqueos en las tres Salas de la Cámara, todavía falta arquear la Sala II. Yo calculo que deben existir en la Cámara entre 40.000 y 50.000 causas en trámite. A su vez, cada uno de los Juzgados de Primera Instancia tiene alrededor de 40.000 expedientes en trámite. Por lo tanto, hay cerca de 470.000 expedientes en trámite en todo el Fuero. Somos diez juzgados y tres salas, así que esto trae como lógica consecuencia que los casos no puedan ser atendidos con el cuidado que nosotros querríamos hacerlo, porque cada vez ingresan más expedientes. La informatización del Fuero también ha conspirado en un agravamiento de esta situación, porque ha permitido que se inicien muchísimos más juicios a través de internet. Es una situación que ha llegado a un límite.
¿La informatización del Fuero sólo funciona para el inicio de los juicios, o también para la tramitación del resto del proceso?
No, también se está instrumentando la informatización del proceso en sí. Ahora bien, el problema es que el proceso, a través de la computación, se puede acelerar en la parte administrativa. Sin embargo, cuando llega al juez, ocurre que el juez no es una computadora. Así que, a pesar de la informatización –y porque la cantidad de expedientes es tal-, en las distintas etapas, se van produciendo “embudos”. En realidad, un Tribunal, lógicamente, no puede funcionar con esa carga de expedientes. Hace varios años, hablé con un profesor de Filosofía del Derecho de París, que me preguntó en qué Fuero trabajaba; yo le dije que en el Fuero de la Seguridad Social. Entonces, él me consulto: ¿y eso qué es? Yo le expliqué, que abordábamos, principalmente, la materia de jubilaciones. El hombre estaba admirado; me señaló que en París, la persona va al organismo, se jubila con el trámite corriente y no hay problema. En cambio, en Argentina, tenemos un Fuero que atiende específicamente las necesidades de todo un sistema jubilatorio que, en realidad, está en crisis. Pienso que habría que ir a las causas que originan este fenómeno. Estamos frente a una litigiosidad que no tendría que existir; es algo patológico.
¿Qué aspectos positivos podría señalar respecto de la situación actual del Fuero?
Creo que la situación actual es positiva, porque es una situación de crisis tan grande que ineludiblemente se van a tener que poner las cartas sobre la mesa, y se tendrá que hacer una reformulación del Sistema Previsional, dentro de las posibilidades que ofrece el país. Porque, claro está, que el Sistema Previsional no es algo que exista en forma autónoma y separada del resto. Estamos en una nación que tiene una serie de carencias: deficiencias en la salud pública, crisis habitacional, parte de la población bajo los niveles de pobreza, una educación pública que ha decaído. Entonces, hay que ver dentro de este contexto qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, si se quiere aumentar la edad jubilatoria hay que ver en qué sentido repercutiría esta medida sobre el problema de la ocupación en la juventud. Es decir, está todo muy conectado. Por otra parte, los Sistemas de Seguridad Social están en crisis en todo el mundo. ¿Por qué? Porque hoy en día la vida se ha extendido a niveles que antes no se alcanzaban y, también, a través de los procesos de tecnificación e industrialización, se necesitan menos empleados. Además, en Argentina, tenemos un alto porcentaje de trabajadores en negro que, por lo tanto, no hacen aportes. Todo esto origina un problema muy complicado en materia jubilatoria.
¿Cuáles son los principales temas sobre los que versan las causas que ingresan al Fuero?
Principalmente, ingresan problemas de reajuste jubilatorio. Después, también vienen, en gran cantidad, expedientes de accidentes del trabajo, jubilaciones por invalidez. Además, ingresan las jubilaciones del personal militar, que tienen un régimen bastante complicado dado que se les dan aumentos en base a decretos adicionales y, entonces, esto origina una litigiosidad bastante elevada. Este tema, antes, no era competencia de este Fuero. Tal vez lo que se podría hacer, en este momento, sería eliminar esa competencia y pasarla a quienes la tenían antes. De todos modos, esto tendría que ser un trámite legislativo.
¿Cómo debería abordarse la reformulación del Sistema de la Seguridad Social y la crisis del Fuero?
La reformulación del Sistema de Seguridad Social no es una cosa que se pueda hacer de un día para otro. Se necesitaría la intervención de comisiones de estudio, de juristas, economistas, sociólogos. Son necesarios una cantidad de elementos, de los que nosotros -en el Fuero-, carecemos. Por otra parte, esto no es competencia del Poder Judicial. La creación de nuevos juzgados no pareciera tampoco una solución enteramente lógica, porque nos enfrentamos a una litigiosidad que no tendría que existir. Asimismo, suponiendo que saliera la ley de creación de nuevos juzgados –que la Cámara la ha pedido ante esta situación de agobio-, después tienen que habilitarse edificios, tienen que hacerse concursos de magistrados. Esto llevaría dos o tres años como mínimo, y el problema nosotros lo tenemos hoy. Los pasillos, están abarrotados, ya no hay espacio físico para ubicar los expedientes.
¿Cuáles son las principales causas del elevado nivel de litigiosidad en el Fuero?
Fundamentalmente, los reclamos por reajustes jubilatorios. Además, son visibles en la calle, cartelitos de estudios jurídicos que dicen: “jubílese sin hacer aportes”. Se ha ampliado de tal manera el problema jubilatorio que hay gente que inicia una gran cantidad de juicios que, muchas veces, no tienen mayor sustento pero que ocupan un lugar. Esto perjudica a la gente que realmente está necesitada, porque entre la inmensa cantidad de expedientes, muchas veces, situaciones de mucha urgencia pasan desapercibidas. En Argentina, el nivel de litigiosidad, en general, es muy elevado; y en materia de Seguridad Social todos lo vemos a partir de la situación que se ha venido creando. Esto no quiere decir que aquel que considera que tiene derecho a un reajuste, un incremento o a percibir algún beneficio, no tenga la facultad de presentarse ante los tribunales para reclamarlo. Insisto, creo que es una situación positiva, porque al no dar más, se va a tener que hacer algo.
¿Qué solución considera adecuada para la crisis que atraviesa el Fuero?
Estimo que la solución de esto no viene por parte del Poder Judicial, es una decisión política. Es una decisión que tiene que tomar el Gobierno, porque evidentemente, aquí están implicados una serie de problemas de la sociedad en su conjunto. Esto excede, ampliamente, la competencia del Poder Judicial. Nosotros no podemos reformar el Sistema Previsional, por otra parte, no tenemos tampoco los elementos necesarios para hacerlo. En el Congreso tienen sus comisiones, asesores, técnicos. Es el poder político el que tiene que hacerse cargo de la situación. No obstante, en este momento, y debido al estado de agobio en que se encuentra el Poder Judicial, y en particular este Fuero, la única solución que veo como posible, y rápida, consistiría en un cambio en las competencias asignadas a determinadas materias, como las jubilaciones de los militares y los accidentes del trabajo. Es decir, descargar un poco al Fuero de estas competencias.
¿Qué podría destacar respecto del cumplimiento de las sentencias del Fuero?
Cada vez se dictan más sentencias. Las posibilidades de la ANSES de cumplir, estimo que son limitadas. Ocurre que, según tengo entendido, por un tema de presupuesto, a la ANSES se le fija una determinada cuota para pagar las sentencias. En definitiva, esto es también una cuestión del poder político. No es un problema del funcionario de la ANSES que quiere o que no quiere pagar. Es una cuestión política, un problema presupuestario que excede a las consideraciones que pueda formular un juez.
¿Qué opina respecto del histórico pedido del 82% móvil?
El informe que solicitó la Corte todavía no lo conocemos. Por supuesto, nosotros vamos aplicando la doctrina que ha establecido la Corte. Otro problema es que el Sistema Previsional ha sido modificado en forma inorgánica, a través de diversos decretos, resoluciones. Además, por ley, la mitad del sistema -tal como estaba estructurado en la 24.241-, dejó de existir. Esto es como un aparato de relojería, en donde una parte se interconecta con otra. Se ha roto la organicidad del sistema. Entonces, esta es otra razón, que demuestra la necesidad de una reformulación orgánica de todo el Sistema Previsional.
¿Qué opina acerca del traspaso de las AFJP?
Respecto de esta cuestión, tengo una postura disidente respecto de la mayoría de mis colegas. En primer lugar, considero que el Gobierno Nacional sí tenía facultades como para cambiar el sistema jubilatorio. Hay muchos que criticaron esto diciendo que era inconstitucional. En este sentido, yo pienso que no es inconstitucional. El Gobierno puede cambiar el sistema jubilatorio; la Constitución dice que el Estado asegura los beneficios de la Seguridad Social, pero son los sucesivos gobiernos los que van instrumentado cómo el Estado realiza esa función, que es inherente a él. Ahora bien, la manera en que se hizo el traspaso, a mí personalmente me plantea objeciones, porque pienso que las cuentas que la gente tenía en las AFJP eran propiedad de ellos. Esto lo analizo con detenimiento en mi voto; las cuentas eran de propiedad de cada uno de los individuos, o sea que se las tenían que devolver. Ocurre que, como ese individuo el día de mañana se va a tener que jubilar por el sistema público, le tienen que devolver la cuenta –tanto los aportes voluntarios como el resto de la cuenta-. Esa persona, con ese dinero, tendría que depositar los aportes correspondientes en el sistema público, según el cálculo de lo que debería haber aportado si hubiera estado en el sistema de reparto. Entonces, el sistema de reparto no se debilita y, al mismo tiempo, se respeta la propiedad del individuo sobre su cuenta. Es que hay que ver qué rentas dio esa cuenta, esto depende de qué colocaciones tuvo, ver los aportes voluntarios. Quise conciliar el derecho de propiedad, que en mi opinión estaba lesionado, con la factibilidad económica del sistema. En fin, es un tema discutible. La Corte Suprema aún no se ha expedido sobre este tema. Es una materia que queda abierta a la discusión judicial.
¿Qué destacaría de la actividad de la Corte Suprema en materia de Seguridad Social?
Sin lugar a dudas, los que han tenido más incidencia son los casos “Badaro” y “Elliff”, esto es lo que generalmente se pide ahora. Inicialmente la Corte concedió un beneficio para un caso específico. Sin embargo, después, esta doctrina se fue ampliando a una pluralidad de casos, y ahora lo está pidiendo todo el mundo. Habrá que ver qué decide la Corte en definitiva sobre esta cuestión.
¿Cuál es la principal demanda del ciudadano común respecto del Poder Judicial?
El ciudadano común espera que el Poder Judicial haga justicia. También, que tenga independencia respecto del poder político, y que se asegure el predominio de la legislación y de la doctrina constitucional. Estimo que esto es lo que se puede pedir de un Poder Judicial. Pienso, además, que en términos generales esto se está cumpliendo; uno podrá tener discrepancias respecto de ciertas doctrinas, pero se está cumpliendo. Al menos, aspiramos e intentamos que esto se cumpla.