Brevatas

Por los derechos de los pueblos originarios

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró su satisfacción por la promulgación en Perú de la ley de consulta previa a los pueblos indígenas. La norma la legislación peruana “un derecho ya reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos”. Para el organismo internacional “constituye un avance significativo en la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el país”. La norma fue promulgada por el presidente de Perú el pasado 6 de septiembre donde se “reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados previamente con respecto a medidas legislativas o administrativas y a planes, programas y proyectos de desarrollo que puedan afectar sus derechos”. La ley establece, entre otros aspectos significativos, que “la finalidad de realizar esta consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios a través de un diálogo intercultural que garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos”. “El derecho a la consulta se vincula con múltiples derechos humanos individuales y colectivos” sostuvieron desde la CIDH, al tiempo que sostuvieron que “además de manifestar el derecho a la participación, el derecho a ser consultado es fundamental para el goce efectivo del derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas y tribales sobre las tierras que han usado y ocupado tradicionalmente, y también se relaciona directamente con el derecho a la identidad cultural, en la medida en que la cultura de estos pueblos puede resultar afectada por las decisiones estatales que les conciernen”.

La labor estadística le interesa a la Corte y al Consejo de la Magistratura

La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación, firmarán mañana, a las 10 horas, un convenio para mejorar la labor estadística, en el Despacho Presidencial sito en el Palacio de Justicia. Se trata, básicamente, de un acuerdo de cooperación entre ambas instituciones tendiente a perfeccionar los mecanismos para la recolección, análisis y tratamiento de datos estadísticos del Poder Judicial. El convenio será suscripto por el Presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, el Ministro del Alto Tribunal, Eugenio Zaffaroni y el representante del Consejo de la Magistratura, Mario Fera.