Después de una extensa discusión, que duró varios meses, se aprobaron las 610 designaciones de fiscales y defensores, además de las ayudantías para ellos. Legisladores alineados con el gobierno nacional y oficialistas de la provincia pudieron ponerse de acuerdo con respecto a la cantidad de trabajadores que debían ingresar en el marco de la reforma de la Justicia que lleva a cabo el Poder Judicial santafesino.
Las críticas son "síntomas de que hay un cambio resistido por sectores que han perdido poder, que estaban acostumbrados a usar el dedo, y hace tres años y 9 meses que en Santa Fe no se usa el dedo para designar un juez o un fiscal", aseguró Héctor Superti, ministro de Justicia de la provincia de Santa Fe a medios locales.
El funcionario se refería, más precisamente, a la situación que se suscitó por el desacuerdo generado entre legisladores afines al gobierno santafesino y otros alineados al gobierno nacional frente a la propuesta de los poderes Ejecutivo y Judicial de incorporar a casi 1000 empleados judiciales en el marco de la reforma de la Justicia. Eran 220 fiscales y defensores y más de 800 ayudantías para esos trabajadores.
Tras un largo debate, finalmente, la Cámara de Diputados santafesina aprobó estas incorporaciones pero con una sustancial rebaja, ya que serán 610 las designaciones en total. El reclamo de los legisladores afines al gobierno nacional era que los puestos eran demasiados y en muchos casos, de poca importancia.
"Son más ruidos que nueces", aseguró Superti, y agregó que "estamos creando una Justicia nueva, y hay algunos que quieren imaginar que seguirá siendo como antes. No se dan cuenta de que ya no" será así.
Según la resolución aprobada en términos legislativos, "los 610 cargos que se crean se deben transferir, 348 al Ministerio Público de la Acusación, 182 al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y 80 a los Tribunales Penales una vez llevados a cabo los concursos respectivos por sus autoridades".
Otra de los argumentos de los legisladores que estaban en contra de la medida era que la provincia de Santa Fe ya tiene números rojos en sus cuentas, por lo que las incorporaciones al Poder Judicial deben ser completamente necesarias.
En otro de sus artículos, la normativa sancionada prevé que "el costo que demande la aplicación de la presente ley, será atendido dentro del nivel de gasto autorizado en la Ley de Presupuesto del corriente ejercicio, considerando que para los 610 cargos, el total mensual de sueldos asciende al monto de 3.662.033 pesos".
En tanto, otra precisión es que en el órgano creado en el marco de la Reforma de la Justicia, el Ministerio de la Acusación, poseerá ahora 191 empleados administrativos más, ocho para servicios generales, 74 para maestranza y servicios, seis empleados profesionales y 16 magistrados y funcionarios.