La fiscalía pidió la elevación a juicio de la causa por la voladura, en 1995, de la Fábrica Militar de Río Tercero para juzgar como presuntos responsables a cinco oficiales retirados y a un funcionario civil del Ejército argentino.
Los fiscales Carlos Gonella y Guillermo Lega, requirieron la elevación a juicio de la causa por la voladura de Río Tercero. En octubre pasado el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, se había pronunciado en un dictamen elevado a la Corte Suprema por dejar sin efecto un fallo de la Cámara de Casación que anuló una sentencia que había rechazado la prescripción de la causa.
Gonellla y Lega, integran una comisión formada en 2008 por la Procuración General para acelerar la investigación de la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, solicitaron en un dictamen firmado el pasado 15 de noviembre la elevación a juicio de la causa.
El juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, dio por cerrada la investigación por las explosiones del 3 y 18 de noviembre de 1995, por lo que Gonella y Lega pidieron que sean juzgados los presuntos responsables de la tragedia: los oficiales retirados del Ejército Jorge Antonio Cornejo Torino; Edberto González de la Vega; Nicolás Quiroga; Diego Gatto y Carlos Franke. Además, solicitaron que sea sometido a juicio el ex subinterventor de la Dirección de Fabricaciones Militares, el funcionario civil Norberto Emmanuel.
Según consigan en el requerimiento, se les atribuye “haber haber provocado… por intermedio de persona o personas cuya identidad a la fecha aún se desconoce, de manera intencional, programada y organizada, el incendio de un tambor que contenía en su interior mazarota de trotyl o trotyl de descarga”. Lo que provocó una “ignición que luego de haberse extendido repentinamente al resto de los tambores estibados en el lugar y con gran desarrollo de sus llamas, fue seguido a pocos minutos de dos explosiones simultáneas ocurridas en el mismo tinglado, obteniendo como resultado de dicho accionar el direccionamiento de la onda expansiva”.
“Sucede que este no es un pleito más de los que comúnmente se diligencian en los estrados judiciales, sino de un caso detrás del cual está sospechado el poder”, detallan en el requerimiento los fiscales.
Agregando que “numerosas probanzas dan cuenta que” en la Fábrica Militar de Río Tercero, “como uno de los resortes productivos del Sistema de Defensa Nacional, existía un amplio margen de acción ilegal, incluso desde antes de Noviembre de 1995 en que se produce el hecho”.
“Los niveles de responsabilidad superiores del Sistema Nacional de Defensa, incluida la Función Ejecutiva Nacional, no podían no estar al tanto, esto es, no podían resultar ajenos a la constelación ilícita en cuyo marco se produjeron los hechos”, consignan.
Por lo que para los fiscales “los hechos de autos se produjeron como consecuencia de una decisión tomada en las más altas esferas del poder político de entonces, motivados por una finalidad venal: ocultar uno de los hechos de corrupción más escandalosos y espectaculares de la historia de nuestro país”.
“La explosión de la FMRT se urdió para ocultar el faltante de armas ilegalmente exportado a Ecuador y Croacia, en circunstancias en que Argentina se había comprometido internacionalmente a asumir una actitud imparcial”, finalizaron.