Durante el último año, se realizaron varios allanamientos en las oficinas del Gobierno de la ciudad en donde se analizaron las contrataciones al parecer irregulares, vinculadas con la compra de mobiliario.
Esos procedimientos, en su momento, se ordenaron tras constatarse irregularidades en la licitación convocada por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos a cargo de Fatala, para la refacción de distintos recintos.
En la causa se verificó que tales licitaciones habían sido irregulares, ya que se comprobó que las tres empresas que proveyeron presupuestos para acceder a la obra estaban ligadas a funcionarios del anterior Gobierno de la Ciudad y a otros funcionarios.
Con el fin de arreglar la Secretaría se habrían comprado alfombras por un valor de 200 pesos el metro cuadrado; puertas por 4.000 pesos y hasta una ventana con marco de caoba con doble vidrio, que alcanzó la suma de 3.500 pesos, según los datos que arrojaron las investigaciones de la Justicia.
Uno de los puntos que sustanció la presunta irregularidad en la contratación fue que "entre las tres empresas que se postularon existía muy poca diferencia de precio".
La denuncia que originó esta causa fue presentada a fines del año 2000 por Alicia Schmoller, del barrio de Belgrano, quien tras fracasar en su gestión para que el Gobierno porteño la indemnizara por los daños que le causó una inundación, alertó sobre el "despropósito" de gastar presupuesto en refacciones de oficinas