La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó un análisis de sentencias judiciales a nivel regional sobre los estándares jurídicos de la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Para el organismo, en la región existe una “limitada e incipiente” aplicación de los “estándares del sistema interamericano de derechos humanos”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe en el que realizó un análisis de sentencias judiciales a nivel regional con el objetivo de dar cuenta de los estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y los derechos de las mujeres.
Según el organismo internacional “persisten en el continente americano la desigualdad social y los obstáculos en el acceso a la justicia, contribuyendo a perpetuar problemas como la discriminación contra las mujeres en sus formas más extremas”.
Con respecto a ello expresaron la necesidad de que el desarrollo jurídico de estándares “en el marco del sistema interamericano de derechos humanos sobre la igualdad de género y los derechos de las mujeres debe estar acompañado por esfuerzos de los Estados de ponerlos en práctica”.
Es que para la CIDH los fallos judiciales identificados en el informe permiten observar que en la región existe una “limitada e incipiente” aplicación por el Poder Judicial de los “estándares del sistema interamericano de derechos humanos”. Asimismo, se ha confirmado “la gravedad y el carácter pernicioso y silencioso de los problemas de la discriminación y la violencia contra las mujeres, y los desafíos en que estos casos lleguen y sean procesados por los sistemas de justicia a través del hemisferio”.
“La aplicación de los estándares del sistema interamericano de derechos humanos a través de las Américas es un proceso heterogéneo que camina a pasos lentos”, lo que “exige de los Estados esfuerzos concretos, deliberados, e inmediatos para cerrar la brecha entre los compromisos de derechos humanos que han asumido, y la protección plena y real de los derechos humanos”, explican.
Asimismo, el informe consigna que “el desarrollo jurídico de parte del sistema interamericano en las esferas de la violencia y la discriminación contra las mujeres debe estar acompañado de iniciativas estatales para implementar estos estándares a nivel nacional” ya que las sentencias analizadas “ponen de manifiesto el potencial del poder judicial como un sector clave en la protección de los derechos de las mujeres y en el avance de la igualdad de género”.
Sin embargo señalan que “el poder judicial es sólo un componente de una estructura estatal obligada a coordinar los esfuerzos de todos sus sectores para respetar y garantizar los derechos humanos en general; principio que acarrea obligaciones para los Estados que sobrepasan las intervenciones de su poder judicial”.