Los jueces salvadoreños sugirieron utilizar “agentes encubiertos” para investigar a sus colegas y así descubrir “quienes son los jueces, tribunales o empleados judiciales corruptos que aceptan dinero de criminales”.
El “combate” contra la corrupción judicial posee diversos tintes de acuerdo al país y a las realidades de los países. Pero en el Salvador tomó un curso curioso puesto que dos magistrados propusieron que se utilizaran “agentes encubiertos” para investigara a todos los jueces de aquel país.
La “sugerencia” es realizada por Martín Roger Zepeda, magistrado presidente del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, y por Doris Rivas Galindo, quien se desempeña en la Cámara de Menores y propietaria del Juzgado Primero de Menores de la misma jurisdicción de aquel país.
Es que los magistrados señalan la necesidad de que el Poder Judicial se “depure” y se comience, para ello, con un proceso en el que todos sean investigados tanto por autoridades policiales como fiscales.
Para ello propusieron la utilización de “agentes encubiertos” para descubrir "quiénes son los jueces, tribunales o empleados judiciales corruptos que aceptan dinero de criminales para que sean favorecidos con los fallos judiciales y sus crímenes queden en la impunidad".
Según consignan los medios de aquel país, los jueces aclaran que “hay un agente corruptor, y para eso hay que buscar mecanismos de ponerlos en evidencia”.
“La Policía y la Fiscalía si realmente quieren penetrar al meollo del asunto, deben de poner agentes encubiertos, esa es la única manera de poder penetrar, utilizar toda la inteligencia investigativa y todos los recursos a nuestro alcance para enfrentarse, porque la corrupción y el crimen organizado es una de las amenazas fundamentales a lo que es la independencia judicial”, agregan.
Zepeda asegura que el crimen organizado tiene la capacidad de penetrar cualquier estructura o ente del Estado, “no me cabe la menor duda que tenemos ese problema, pero la dificultad está en individualizar y llevar judicialmente esos caso, no obstante se oyen voces de situaciones en tribunales, donde el ciudadano tuvo que dar dinero para que se resuelva ese caso”.
Mientras que Rivas Galindo explicó que “hay un divorcio entre la realidad judicial en esencia con la ciudadanía, y eso debe resolverse” ya que “el juez y la jueza tienen que ser transparentes y rendir cuentas al ciudadano”. “Debemos recordar que la justicia no es un favor que le vamos a dar al ciudadano, sino que es un derecho, y debe empoderarse con que el acceso debe ser pronto y cumplido”, concluye.