Mediante la ejecución del presupuesto de 2011, el gobierno de Corrientes cumplió con el pago de más de 900 sentencias históricas. Entre ellas se encontraba una que este año cumplirá 55 años, relativa a un proceso judicial iniciado por un decreto elaborado por quien entonces era presidente, Juan Domingo Perón.
Debido a la aplicación de una Ley de Expropiación llevada adelante por Juan Domingo Perón durante su segundo mandato se iniciaron diversas acciones legales contra el Estado. Una de ellas fue llevada a cabo en la provincia de Corrientes, con un fallo a favor del accionante en 1957, que hoy, más de 50 años después, fue liquidada.
Es que el Gobierno correntino liquidó más de 900 sentencias históricas al ejecutar su presupuesto del año pasado, comenzando a pagar por orden cronológico las sentencias, llegando a abonar las decisiones que para fines de 2010 ya estaban firmes.
“El Estado, para ser tal, tiene que ser solvente, y para ello tiene que echar lastre sobre todas las contingencias judiciales. Precisamente porque el primer responsable de la construcción de la solvencia del Estado es el poder administrador”, aseveró el ministro de Hacienda de Corrientes, Enrique Vaz Torres.
En miras a defender su gestión, Vaz Torres aseveró que “cuando decimos que este Gobierno Provincial está desendeudando a Corrientes y, por ende a los correntinos, no hablamos sólo de la Deuda Pública consolidada, hablamos de la deuda con proveedores, de los compromisos cotidianos y también de este tipo de deudas que el Estado debe regularizar”, a la vez que agregó que de esta forma la provincia generará mayor confianza para inversores.
Según consignaron fuentes judiciales, los fallos respondían a todo tipo de situaciones en las que el Estado estuvo relacionado de diferentes formas: accidentes de tránsito, mala praxis médica, diferencias salariales.
Asimismo, con esta acción, el Gobierno planea llevar adelante el plan para generar menor conflictividad en el Poder Judicial, a lo que el ministro de Hacienda precisó que “obviamente que la baja litigiosidad tiene que ver con la sincronización y ordenamiento administrativo; que es lo que estamos optimizando”.
En relación a esta temática agregó que “los honorarios y los intereses que se aplican en cuestiones judiciales son muy altos, son los más desfavorables; por eso es mejor pararlos antes”.
“Las deudas por contingencia judiciales son las más caras que puede afrontar el Estado, por su naturaleza litigiosa, sus altos costos causídicos y su imprevisibilidad en los plazos. Evitar la litigiosidad de modo preventivo es el mecanismo más eficiente para no comprometer el futuro de las cuentas públicas y consolidar un Estado solvente”, concluyó el funcionario.