El Ministerio de Justicia bonaerense creó un convenio de cooperación con el Colegio de Abogados provincial para luchar contra los “caranchos”, a la vez que se creó un Comité de Protección de los Derechos Ciudadanos
Una madrugada cualquiera, en la Ruta cuatro, en la localidad matancera de Ciudad Evita, provincia de Buenos Aires, un joven es atropellado por un patrullero, o un auto particular. No importa determinar esta información, porque a partir de entonces hay dos posibles objetivos: el Estado o una empresa de seguros. Al ser trasladado a algún hospital de la zona, suele ser acompañado y asesorado inmediatamente sobre sus posibilidades en términos judiciales. Los acompañantes suelen ser los “caranchos”.
Estos letrados que buscan sacar un rédito de este tipo de situaciones, en las que, mayormente, se encuentran involucradas personas de bajos recursos que no pueden costearse otro tipo de servicio en términos legales, son un problema para el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Por eso, desde el organismo conducido por Ricardo Casal, firmaron un convenio con el Colegio de Abogados bonaerense para, a través de una campaña masiva, poder luchar contra esta problemática que aqueja a entidades y organismos estatales y privados.
También fue parte de la iniciativa Alejandro Collia, ministro provincial de Salud, quien aseguró que “el Estado estaba en deuda en tener una fuerte intervención en esta problemática con acciones y políticas concretas”, a la vez que aseguró que se redoblarán esfuerzos conjuntos para “desbaratar estas organizaciones que tienden a lucrar con las necesidades de la gente”.
Asimismo, estimó que “es un paso adelante poder garantizar plenamente el derecho a la salud y priorizarlo sobre otras cuestiones”, y sostuvo que se trata de “una herramienta muy positiva, muy importante que va a generar resultados positivos”.
En el orden de generar nuevos espacios para combatir a los “caranchos”, se puso a disposición del Colegio una línea telefónica para atender consultas con respecto a esta problemática.
Por otra parte, también se puso en marcha el Comité de Protección de los Derechos Ciudadanos, una iniciativa llevada a cabo de la mano del defensor del Pueblo, Carlos Bonicatto, el secretario de Niñez y Adolescencia, Pablo Navarro, y el subsecretario de Derechos Humanos, Gustavo Nahmías.
En relación a esta iniciativa, Casal señaló que se busca “tener un ámbito de debate intersectorial que permita coordinar acciones tendientes a la protección y promoción de los derechos ciudadanos”.
En relación a este Comité, ya se pactaron una serie de reuniones de la mesa de trabajo para ultimar los detalles sobre cómo procederá el órgano.