La causa se inició a fines del año pasado, cuando el defensor adjunto de la ciudad de Buenos Aires, Elio Brailovsky, denunció a Lombardo porque el 19 de octubre de 2001, informó en una conferencia de prensa que un sobre con correspondencia que había ingresado al país procedente de Estados Unidos estaba infectado con ántrax.
Para los fiscales Freiler y Delgado, el anuncio del Lombardo, que luego se demostró era falso, incentivó una psicosis que provocó la saturación de los teléfonos de los servicios de informaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y centenares de actuaciones policiales por sobres supuestamente sospechosos.
“La imputación a Lombardo es ridícula”, dijo a los periodistas el abogado Andrés D’Alessio, defensor del ex ministro. En las dos horas que duró la indagatoria, Lombardo contestó las preguntas del juzgado y de la fiscalía, pero “en todo momento negó haber incurrido en el hecho que se le atribuye”, agregó D’Alessio.
El delito de intimidación pública está contemplado en el artículo 211 del Código Penal, y prevé pena de 2 a 6 años de prisión a quien, “para infundir temor público, dé voces de alarma, amenace con la comisión de un delito de peligro común o emplee otros métodos idóneos para producir tales efectos”.
Freiler y Delgado afirmaron que los indicios sobre el temor público entonces causado se reflejaron en “el colapso de las líneas telefónicas de consulta gratis” de la Defensoría del Pueblo y la “oleada” de personas que asistieron a los centros de salud creyéndose portadora de la temible bacteria. Los fiscales también cuestionaron la negativa de Lombardo a hacer una autocrítica pública.
La denuncia también incluye al director del Instituto Malbrán, Andrés Ruiz, quien también aseguró que se había encontrado la bacteria en el sobre analizado, aunque luego en el mismo centro especializado se comprobó que se trataba de una falsa alarma.