Los sostiene un informe de ONG que será presentado ante las ONU en octubre. También destaca las trabas para llegar a una ley en el Congreso así como la necesidad de un organismo de aplicación “sólido” e “independiente”.
Varias organizaciones no gubernamentales elaboraron un informe que será presentado ante las Naciones Unidas en el marco del proceso de revisión sobre la situación de derechos humanos al que se someterá la Argentina en octubre próximo en el que critican duramente la situación de acceso al derecho a la información pública en nuestro país.
Desde las organizaciones destacaron el avance que significó que en 2003 el ejecutivo Nacional sancionara el decreto 1172/03 donde se establece un Reglamento de Acceso a la Información Pública, aunque, en “los últimos años de práctica gubernamental han mostrado claramente las limitaciones del mismo” por lo que ha resultado ser “insuficiente e incapaz”.
Teniendo en cuenta que la Argentina no cuenta con una Ley de Acceso a la información, debido a los reiterados fracasos en su tratamiento en el Congreso de la Nación que sólo logro la media sanción en el Senado pero que no prosperó en Diputado, las organizaciones que “esta omisión implica una violación por sí sola del derecho de acceso a la información pública”.
“La situación actual en materia de acceso a la información llegó a un callejón sin salida” consignan y agregan que “la omisión del Estado argentino en adoptar las medidas necesarias implica una violación de este derecho fundamental en una sociedad democrática”.
Se consigna la “falta de un organismo de aplicación sólido independiente” que la actual reglamentación no tiene, lo que, sumado al marco jurídico vigente que “establece un régimen de excepciones que contiene supuestos vagos y ambiguos” genera esta situación de “callejón sin salida”.
También se destacó la falta de “obligaciones de transparencia activa”, o sea, no prevé qué tipo de información debe ser producida de forma obligatoria por las dependencias y “falta de un régimen sancionatorio adecuado” así como la “producción de información poco confiable”.
En referencia a este último punto las organizaciones sostienen que “muchas estadísticas oficiales han perdido credibilidad luego de que el gobierno federal interviniera en 2006 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)”.
Todas estas faltas detalladas en el informe culminan en la “violación de Derechos Humanos de Grupos Vulnerables” ya que “impacta negativamente en el ejercicio de otros derechos por parte de los ciudadanos”. “La falta de producción oficiosa y actualizada de información en áreas relevantes como la salud, la educación y la vivienda impide el ejercicio adecuado de esos derechos reconocidos por la Constitución Argentina” culminan.
El informe fue realizado entre otras por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Article XIX de Brasil.