En el descargo, los abogados defendieron una por una las acusaciones que los consejeros habían expuesto en el comienzo de la audiencia con el fin de demostrar el derecho a la permanencia en el cargo del magistrado. "Quedó en el camino el cargo más grave, que es el que involucra al escribano (Raúl) Moneta". Por este motivo, solicitaron que se absuelva a Leiva por el delito de cohecho.
En ese sentido, los defensores remarcaron que el Consejo de la Magistratura dejó de lado algunos cargos hacia el juez mendocino que se encontraban en la acusación en el inicio del juicio. En este punto, mencionaron el caso del chileno Samuel Díaz Valdez que fue puesto en libertad por el magistrado.
También la designación de los peritos para cumplimentar las medidas dispuestas en el Banco Mendoza S.A. y para futuras pericias contables, ya que fue una de las cuestiones por las que Leiva había sido cuestionado en un primer momento, pero fue descartada con la declaración del juez que lo subrogó, Alfredo Rodríguez, que aseguró que fue su responsabilidad.
Leiva fue acusado por el Consejo por la utilización de fondos del Estado Nacional para solventar el evento "Encuentro de Jueces Federales", organizado por el magistrado. El denunciado habría ingresado al país 52 maletines de origen chileno, utilizando para ello fondos públicos que habría malversado, según los consejeros. Además habría impedido el control aduanero sobre lo importado con la probable comisión del delito por el ingreso ilegal a territorio argentino.
Los abogado Carlos Parella y Daniel Sabsay adujeron que el juez viajó a Santiago de Chile para comprar los maletines porque Mendoza "es una capital de provincia y no tiene marcas originales como las grandes capitales". "Leiva quería regalar maletines originales y no ordinarios como se acostumbra en los Congresos", detallaron. Los letrados aseveraron que fue la Gendarmería Nacional la que se encargó del traslado, ya que al "doctor Leiva no le entraban todos los portafolios en el auto".
La detención del menor Facundo Cabrera Ibaceta en una Unidad Carcelaria para mayores por el término de 23 días contra lo normado por la ley 22.278 fue otra de la cuestiones que los abogados tuvieron que explicar. En ese sentido, justificaron su accionar en su afán de preservar al menor y alojarlo junto a su hermano mayor que se encontraba en dicha cárcel.
También se abordó la cuestión del objeto procesal de las causas involucradas en el conflicto, investigándose si la acumulada por el juez federal, en la que se investigaban las maniobras llevadas a cabo por personal del Banco de Mendoza, por entonces perteneciente al estado provincial, no tenía vinculación con las que ambos jueces tramitaban en relación a la determinación de la responsabilidad de los titulares del "Banco República S.A." y del "Banco de Mendoza S.A." y la actuación de los funcionarios del B.C.R.A. Los defensores insistieron en la conexión de las causas. Ahora será el turno del veredicto.