De esta forma, el funcionario presentó un informe donde detalló que el 16 de enero de 1981 se celebró entre la empresa Covimet S.A y en ese entonces la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires un contrato para la construcción, terminación, explotación y mantenimiento de la obra Avenida 9 de Julio, su remodelación y enlace con la Leopoldo Lugones.
En ese sentido, Fatala detalló que de ese contrato se desprende que en un primer momento la obra se tasó en una cifra que luego no sería cumplida y la cual se llegaría cuadruplicar.
De esta forma, detalló que con fecha 17 de octubre de 1985 se celebró un contrato modificatorio entre las mismas partes, por el cual se reduce la extensión de la obra, ya que el entonces intendente porteño Julio Saguier la consideró de “dudosa utilidad”.
Fatala apuntó que la empresa Coviares recibió entre marzo del 89 y diciembre de 2001 un total de 218 millones de dólares, que sumados a lo pagado otro tramo alcanza los 440 millonesy según detalló esto representa un gasto “diez veces superior al real”, si se lo compara con lo gastado en la construcción de la autopista AU7, de 3,5 kilómetros, inaugurada por esta administración.
Hace unos días, cuando presentó la denuncia, el funcionario explicó que en esta obra se cometió un delito "muy grave", remarcando que “en algo que no podía haber excedido los 120 o 130 millones de pesos la ciudad lleva invertidos 440 y todavía no se han concretado las obras”.
En la denuncia que amplió en el juzgado a cargo de Julio Corvalán de la Colina se incluye “a todos los intendentes y jefes de gobierno a excepción del doctor (Enrique) Olivera y de Facundo Suárez Lastra”, desde Osvaldo Cacciatore hasta Fernando De la Rúa.
En dialogo con los periodistas de Tribunales, el funcionario adelantó que desde el gobierno porteño aun están aguardando un dictamen a cargo del Centro Argentino de Ingenieros que será sumado a la causa, pero destacó que con los datos parciales ya se puede demostrar la existencia de los sobreprecios