Tres asociaciones de jueces y funcionarios judiciales respaldaron a María Fernanda Botana, la jueza porteña que desalojó de un hotel a 33 familias en Constitución. La Defensoría General de la Ciudad la denunció en la Magistratura porteño.
El 7 de mayo pasado la titular del Juzgado Nº 5 del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad ordenó el desalojo de un hotel con 33 familias en el barrio de Constitución. Esto produjo un revuelo tanto mediático como social y en los diferentes organismos de la Justicia.
Tras los hechos el Defensor General de la Ciudad, Mario Kestelboim, presentó una denuncia contra la magistrada en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad argumentando que “la jueza respondió a los abogados de parte y no al pedido de la fiscalía” ya que ordenó el desalojo de todo el inmueble cuando la fiscalía había pedido el desalojo de una de las habitaciones.
Las reacciones desde los organismos que agrupan a corporación judicial no se hicieron esperar magistrados y funcionarios judiciales. El 14 de mayo pasado tanto el Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenso Aires y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad (Mafucaba) realizaron un declaración conjunta en apoyo de la jueza porteña.
A ese apoyo se sumó un reciente comunicado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) que preside Luis María Cabral y que expresa que “se pretende perseguir y enjuiciar a jueces por el contenido de la sentencia”. El comunicado de la AMFJN, firmado por Cabral y Marcelo Gallo Tagle, hace suyas las consideraciones vertidas por la declaración conjunta realizada por las asociaciones locales.
En aquella declaración las asociaciones locales sostienen que el jury de Enjuiciamiento “en modo alguno debería ser pensado… como una vía más para discutir una decisión judicial que no se comparte, para apartar del conocimiento de una causa a un determinado magistrado o para ejercer una presión sobre él”.
Es que consideran que ello “podría importar una interferencia ilegítima en la función de los jueces, lo que debilitaría el sistema democrático de gobierno”.
“Instamos a extremar el cuidado para evitar producir daños institucionales en el marco de un procedimiento tendiente justamente a preservar dichas instituciones, confiando en los mecanismos procesales y procedimentales establecidos legal y constitucionalmente”, culmina el comunicado que hace suyo la AMFJN.
El expediente abierto en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad se encuentra en la Comisión de Disciplina y Enjuiciamiento y quienes deberán “instruirlo” serán los consejeros Daniel Fábregas, Laura Grindetti y Gustavo Letner.