Se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto que planea la reestructuración y desmilitarización del Servicio Penitenciario Federal (SPF) a través de la implantación de un “sistema público de cuidado y resguardo de derechos” en el cumplimiento de la pena privativa de la libertad.
Un grupo de diputados nacionales de diversos bloques presentó en el Congreso de la Nación una iniciativa que busca reestructurar y desmilitarizar el Servicio Penitenciario Federal (SPF). La misma se encuentra impulsada por Victoria Donda, Ricardo Gil Lavedra; Víctor De Genaro; Alicia Ciciliani; Nora Iturraspe; María Luisa Storani; Fabián Peralta; Margarita Stolbizer y Graciela Ocaña.
El proyecto presentado busca modificar las condiciones en que se da el cumplimiento de la pena privativa de libertad en nuestro país estableciendo, para ello, un “Sistema público de cuidado y resguardo” a través del cual se reestructurará, democratizará y desmillitarizará el actual SPF.
De aprobarse la iniciativa, el SPF no será una fuerza de seguridad, tal y como actualmente se la concibe jurídicamente, sino un servicio público de carácter federal, civil, profesional, dependiente política e institucionalmente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Este Sistema Público creado tendrá como función principal “garantizar el cumplimiento legítimo de la pena privativa de libertad y de la detención preventiva de las personas procesadas, resguardando y garantizando el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales”.
Además la iniciativa reconoce derechos y obligaciones, hoy denegados al personal penitenciario; y establece un riguroso control interno y externo (junto a organizaciones de la sociedad civil) al mismo; también acota la portación de armas a una Dirección General de Seguridad, a la que concretamente le competerá el cuidado de los detenidos y la seguridad de los institutos y servicios, bajo principios de actuación específicos.
También se crean las Direcciones de Enlace y Coordinación de Trabajo Intramuros, de Educación, Arte y Cultura, de Salud y Medio Ambiente, y de Asistencia y Desarrollo Social, para que éstas prestaciones sean garantizadas directamente por los profesionales de los respectivos Ministerios de la Nación, los que desde ya no tendrán ninguna relación con el personal de seguridad; entre otras cosas.
Los fundamentos del proyecto consignan entre otras cosas que “las cárceles estaban llenas de pobres, en su mayoría jóvenes, cárceles de mujeres, pobres también” y “un 70 por ciento de las mujeres están procesadas por delitos relacionados con la actual ley de estupefacientes, y un alto porcentaje de ese 70 por ciento no son grandes narcotraficantes sino las llamadas "mulitas", mujeres que utilizan su cuerpo como medio para transportar estupefacientes. Tanto en las cárceles de hombres como de mujeres existía esta problemática es muy particular”.
“El autogobierno y la militarización de esta antiquísima institución han fracasado totalmente en su razón de ser, por eso debemos reestructurarla profundamente, para que sea parte de ese imaginario institucional del Estado de derecho” explicaron los autores de la iniciativa ya que “es una gran deuda de la democracia que el Servicio Penitenciario aún no se haya democratizado”.
El proyecto ingresó por la Cámara de Diputados y fue girado a las comisiones de Legislación Penal –cabecera-, Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda. Por el momento no figuró en el orden del día de ninguna de estas ya que, por ejemplo, en Legislación Penal se está en pleno tratamiento de los proyectos de despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal.