Un informe elaborado por la CIDH destaca que en la región persisten las prácticas de violencia sexual contra mujeres y niñas en los espacios de la educación y la salud. El documento subraya que “la impunidad acompaña a la mayoría de esos actos”. Los grupos más afectados.
La CIDH presentó el pasado 12 de junio un informe en que se analiza el “Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual: la Educación y la Salud” en el que sostienen que en la región persisten las prácticas de violencia sexual contra mujeres y niñas en estos espacios.
Según detalla el informe se encontró “un subregistro del fenómeno e impunidad en la mayoría de estos casos” ya que “en un marco de relaciones de poder altamente jerarquizadas, este tipo de violencia es tolerada por las sociedades”. Siendo que las mujeres que se encuentran en más riesgo de violaciones de sus derechos humanos son las niñas, indígenas, discapacitadas, y mujeres afectadas por situaciones de conflicto armado.
Mientras que en el caso de la educación, la violencia sexual se tiende a naturalizar y “puede llegar a ser naturalizada como parte del proceso de disciplina y castigo”. En tanto que en el ámbito de la salud, “el problema está plenamente invisibilizado” debido a la escasez de normas, estadísticas, procedimientos de denuncia e investigación disciplinaria en hospitales y centros de salud, así como por la exigua información sobre los derechos de los pacientes.
Por ejemplo citan el caso de Argentina donde consignan que “se ha documentado que ‘en el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio A. Moyano de la ciudad de Buenos Aires (Hospital Moyano), un hospital psiquiátrico para mujeres con más de 1,000 camas disponibles, los investigadores documentaron –según declaraciones de autoridades y de varias mujeres allí- relatos de abuso sexual contra las mujeres perpetrados por el personal y por gente ajena al nosocomio’”.
Además en el informe destacan que “la ausencia de denuncia de incidentes de violencia sexual es un problema que atraviesa la región”. Al respecto citan lo dicho por el presidente del TOF N° 1 de La Plata, Carlos Rozanski, al señalar que en el país “se esclarecen alrededor de tres de cada cien casos denunciados de abuso sexual de menores. Es el delito menos sancionado de todos los que integran el Código Penal. Si se tiene en cuenta que como máximo se denuncia el 10 por ciento de los abusos sexuales infantiles que se cometen, tenemos un total de 3 casos con condena cada 1000’".
Desde el organismo internacional instaron a los Estados a “superar los obstáculos culturales y normativos para prevenir y, en su defecto, investigar y sancionar, los actos de violencia sexual contra mujeres y niñas en los espacios de la educación y la salud”.
Asimismo, recomendaron “crear las condiciones necesarias para que las mujeres utilicen los sistemas de justicia a fin de remediar los actos de violencia sufridos, recibiendo un trato digno por parte de funcionarios públicos” y que adopten “políticas públicas destinadas a romper los esquemas culturales que normalizan o trivializan la violencia sexual”.
El informe detalla “la obligación de los Estados de emplear la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y garantizar el acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos” tal y como quedó consagrado en en la Convención Americana, la Declaración Americana y la Convención de Belém do Pará.