El STJ de San Luis instruyó a la policía provincial para que secuestre a “todo vehículo sin la debida documentación, exhiban o no autorización judicial para circular”. Los detalles del acuerdo.
El Superior Tribunal de Justicia de San Luis, mediante el acuerdo 574/12, firmado el 1 de agosto pasado instruyó a la policía provincial para que secuestre todo vehículo que circule en la provincia de San Luis “sin la debida documentación”, ello “exhiban o no autorización judicial para circular”.
“La preocupación de este Superior Tribunal al advertir de informes policiales y judiciales que existen en la Provincia, una elevada cantidad de vehículos entregados en calidad de depósito judicial y/o tenencia precaria de los mismos a presuntos damnificados que alegaron haber comprado de buena fe”, hizo que Horacio Zavala, Liliana Novillo, Omar Uría y Florencio Rubio, integrantes del STJ firmaran el acuerdo.
De la firma del acuerdo también participó el Procurador General provincial que instruyó a los fiscales para que se presenten en las causas”.
Es que tal y como consigna el texto del acuerdo, “la necesidad de evitar males mayores” y de “desbaratar la impudicia de la que hacen gala las organizaciones delictivas que se dedican al robo de camiones, automotores, y rodados de toda clase” hace necesario “terminar con la circulación de vehículos sin documentación”.
Con ello los magistrados buscan “acabar con el disvalor que implica la no intervención rápida y oportuna de la justicia que debe castigar el delito y hacer cesar sus efectos”.
Además de la instrucción hacía la policía provincial el STJ puntano ordenó que “dentro del plazo de veinticuatro horas de realizado el secuestro, la Policía deberá informar lo actuado -datos del vehículo secuestrado, de la persona que conducía, de la documentación que se exhibió, etc.– al Superior Tribunal de Justicia”.
Lo que luego será remitido, mediante oficio, al Procurador General de la Provincia para su conocimiento, y al Juez competente, para que “por vía incidental disponga y realice, en estricto cumplimiento de los plazos legales, las medida necesarias”.
Asimismo, en la acordada se hace notar que el Procurador General provincial, también instruyó a los fiscales para que “se presenten en las causas” y “requieran de manera inmediata y urgente, la revocación de toda medida cautelar y/o depósito de los vehículos allí individualizados”.
Tal y como detallan, la actual situación pone “a este Superior Tribunal y a la Procuración General en la necesidad ineludible de arbitrar una medida ejemplificadora que sirva de prevención y cumplimiento de nuestra obligación de impartir justicia y proteger bienes y vidas de la comunidad sanluiseña”.