La denuncia, que fue presentada por el presidente de la empresa Industria Metalúrgica Plástica Argentina, Horacio Campos, y que quedó radicada en el juzgado de instrucción a cargo de Ismael Muratorio, apunta también a las presiones de FMI para que sean derogadas la actual Ley de Quiebras y la ley de Subversión Económica, que en la actualidad serían las barreras para preservar la industria nacional y sancionar el vaciamiento de empresas y entidades de crédito.
Según el denunciante, el enviado Singh “exigió la firma de un acuerdo en los términos por el aportados, manifestando expresamente que la negativa a tales términos sólo empeorarían la situación del país”, cuando “no escapa al entendimiento general que las condiciones impuestas no favorecerán más que al FMI y de ningún modo al pueblo, que los gobernantes juraron sobre la Constitución Nacional defender”.
Campos abunda al señalar que los directivos del Fondo, con el respaldo de O’ Neil, se pronunciaron de un modo “claramente intimidatorio” respecto de los “sujetos pasivos” del delito denunciado, como lo son “todos los habitantes del suelo argentino y en especial a los miembros del Congreso que se ven obligados a aprobar leyes en claro desmedro del interés de la población”.
En ese entendimiento, destacó que para el FMI resultan “indispensable la modificación parlamentaria de la ley de quiebras, la derogación de la figura de la subversión económica y un acuerdo Nación Provincias para que baje el gasto público”.
Al respecto, en relación a la ley de quiebras, el denunciante recordó que la norma fue modificada por unanimidad en febrero de este año, pero “ahora, producto claramente de la intimidación de que son víctima los legisladores y el gobierno” se pretende “tirar por la borda las modificaciones introducidas y tienen como fin único evitar la destrucción total de la industria nacional”.
En relación con la ley de Subversión Económica, el empresario argentino destacó que al reclamarse su derogación se “tiende a crear la impunidad total y absoluta de quien pretende vaciar empresas y o entidades”, mientras que en torno al pacto entre Nación y provincias el FMI advirtió que se busca que “en un país donde la desocupación llega al 25 por ciento se deje cesante a trabajadores públicos, condenándolos a la suerte de un mercado laboral inexistente”.
Por último destaca que el cumplimiento de esas exigencias “tiene que se consecuencia de una negociación extorsiva” y que no responder a las pretensiones de Singh “solo ocasionaría mayores índices de pobreza y de intervención de organismos dependientes de los llamados países del Primer Mundo a los que mentidamente no hicieron creer que pertenecíamos”.
El delito de extorsión está contemplado en el artículo 168 del Código Penal y contempla penas que van de los cinco a los 10 años de reclusión.