Los nombrados solicitaron que las petroleras denunciadas cesen de “concertar y/o manipular en forma directa o indirecta los precios de venta de combustibles derivados del petróleo en ese mercado de nuestro país, distribuir y comercializar los productos en cantidades restringidas o limitadas y negarse injustificadamente a satisfacer pedidos concretos en las condiciones vigentes”, a raíz de que estarían violando la Ley de Defensa de la Competencia
Nasio y Fernández Grassi responsabilizaron a las empresas petroleras de incurrir en abuso de posición dominante y de haber adquirido una posición monopólica u oligopólica en violación de la Ley Nº 25.156, que culminaron con el desabastecimiento de combustible, especialmente de gas oil.
Además, los denunciantes requirieron a la Comisión que si “las consecuencias socioeconómicas de tanta desaprensión e irresponsabilidad empresarial ameritan” le pida al juez competente que “las empresas infractoras sean disueltas, liquidadas, desconcentradas o divididas”.
En tanto, la denuncia adjuntó recortes periodísticos que daban cuenta de su posición frente al tema. “Los aumentos en el precio de los combustibles no tienen otra explicación que el intento de las petroleras por perpetuarse como el único sector dolarizado de la economía”.
“Cuando no regula el Estado regulan los monopolios”, rezaba otro artículo periodístico. “Ellos disponen de las áreas centrales y marginales y el resto de los activos que eran propiedad de YPF. Son empresas controladas por ellos las que integran los consorcios que se adjudicaron los segmentos en que se dividieron Gas del Estado, Agua y Energía, Hidronor y Segba”.
“Entre Repsol, Esso y Shell, concentran el 90 por ciento de la oferta local de petróleo y gas. También controlan los ductos, la capacidad de almacenamiento y la comercialización mayorista. Además, han conseguido bloquear el acceso de cualquier eventual competidor, ya que sólo pueden importar quienes el año anterior hayan comercializado no menos de cien mil metros cúbicos y acrediten un patrimonio no menor a 25 millones de dólares”, se agregó.