La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aprobó un protocolo de actuación para los fiscales que actúen en causas por apropiación de niños por "terrorismo de Estado" y creó una Unidad especializada para estos casos. Al frente estarán Martín Niklison y Pablo Parenti.
Dos resoluciones firmadas en los últimos días por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, apuntan principalmente a las causas en las que se investiga la apropiación de niños durante la última dictadura cívico-militar. Con las mismas se creó una unidad especial para este tipo de causa y un protocolo de actuación para los fiscales.
Con respecto al protocolo de actuación aprobado, resolución PGN398/12, se instruyó a todos los fiscales que intervienen en este tipo de causas para que “intervengan personalmente en cada uno de los momentos claves de las investigaciones”.
A modo de ejemplo, la resolución menciona la necesidad de presenciar los actos en los que se procura la obtención de ADN, esto es, audiencias en la que se proceda a la extracción de sangre u otra clase de muestras, requisas, allanamientos, entre otros.
El protocolo fue elaborado por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado a cargo del fiscal Jorge Auat y coordinada por Pablo Parenti.
Además del protocolo, la procuradora creó, mediante la resolución PGN 435/12, la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado y designó a Martín Niklison y Pablo Parenti al frente de esta unidad, quienes tendrán facultades de intervención como fiscal coadyuvante y ad hoc -respectivamente- en las diferentes causas en trámite y en todas las instancias.
Las medidas llegan a raíz de que “los casos de crímenes contra la humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en nuestro país exigen como imperativo insoslayable una búsqueda comprometida de la verdad y la justicia, como contribución esencial a la reconstrucción del tejido social y de los mecanismos institucionales del Estado, que permitan evitar una repetición de hechos de similar naturaleza”.
“En los últimos años se han observado avances en muchos procesos vinculados a la temática” consigna la resolución y agrega: “Vale decir que hasta el momento se registran 51 condenas por la apropiación de niños y se ha podido restituir la identidad a 107 hijos de desaparecidos”.
Según la información bridada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, “aún restan ubicar cerca de 400 niños más que continúan siendo víctimas de estos crímenes aberrantes, en desconocimiento de su verdadera identidad”, consignan desde el organismo.