Pascual hizo mención de ese modo a los casos de terrorismo contemplados en la norma que ahora deberá ser tratada en el Senado.
El legislador señaló que estos hechos "generan un enorme impacto en la sociedad por su crueldad y magnitud inusitada", a la vez que advirtió que la Ley "no acuerda ningún cheque en blanco para que falsos arrepentidos proporcionen datos o formulen imputaciones inexactas respecto de terceros o desvíen la investigación hacia pistas falsas" ya que "se establecen sanciones para estas posibles desviaciones".
"Por cierto -señaló- que la figura del arrepentido parte de la base de su utilidad para la justicia, pues se ha regulado como un instrumento del Estado para obtener que “peces menores” de organizaciones delictivas colaboren para la captura y juzgamiento de los lideres de estas organizaciones y lograr así el desbaratamiento de estas y no al revés, como parece haber sucedido en otros países, en donde los cabecillas para obtener para sí los beneficios, denunciando a sus empleados" haciendo referencia a los jefes mafiosos en los Estados Unidos.
Por último enfatizó que "esta posibilidad excepcional es un instrumento para la persecución penal y no un derecho para el imputado por lo tanto sólo se debe utilizar cuando vaya a ser la justicia la que reciba el mayor beneficio".
A su vez, el diputado Melchor Cruchaga -U.C.R.- afirmó: "Hay indicios de que las organizaciones terroristas están vivas y que están interfiriendo en las investigaciones que en nuestro país se vienen realizando en torno a los últimos y brutales atentados que padeció toda la sociedad argentina". Refiriéndose al espíritu de la ley, Cruchaga especificó que los datos que aporte el "arrepentido" tiene que ser fehacientemente chequeada, no debiendo existir negociación previa ni acuerdo a la manera del sistema implementado en otros países del mundo. Subrayando finalmente: "Este beneficio es para quien esté imputado o procesado, en base a su declaración espontánea".
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