“De la lectura completa de la causa no he encontrado un solo elemento que pueda ser tomado siquiera como indicio de actitudes delictivas por parte de quienes participamos en la decisión del Megacanje, así como de los bancos que nos prestaron el servicio de colocación de los bonos ofrecidos en canje por la deuda vieja. La historia va a demostrar que la apertura de esta causa y la citación a indagatoria de quienes hemos sido injustamente acusados es un ejemplo elocuente de la judicialización de la política en la Argentina”, enfatizó el ex titular del Palacio de Hacienda.
Cavallo fue trasladado hoy desde su lugar de detención en Campo de Mayo, en medio de estrictas medidas de seguridad (el ex hombre fuerte de la economía tenía bajo el saco un chaleco antibalas) para prestar declaración indagatoria ante el juez federal Jorge Luis Ballestero, en la causa por la que se investigan presuntas irregularidades en la operación de títulos de la deuda durante el gobierno de Fernando de la Rúa, el año pasado.
En medio de la crisis económica más grave que se recuerde en la historia argentina del último siglo, el ex hombre fuerte de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa defendió enfáticamente y con gesticulaciones, su participación en el Megacanje, al sostener que tenía como fin evitar la salida de los depósitos bancarios, enfatizó que dos de las tres operaciones “fueron exitosas y la última quedó inconclusa” cuando debió alejarse del cargo.
Durante la indagatoria, Cavallo aseguró que al momento de su renuncia “estabamos a dos meses de reasegurar el establecimiento completo del equilibrio fiscal y la restauración de la confianza financiera mediante una operación que iba a reducir a la mitad la carga de la Deuda Pública Nacional y Provincial y limpiaría de vencimientos de capital los próximos tres años”.
En ese sentido, aseguró, fiel a su estilo, que “el golpe institucional, desarrollado entre los días 19 y 20 de diciembre del año 2001 impidió que alcanzáramos estos importantes objetivos. Por el contrario, abrió las puertas a un quiebre institucional sin precedentes en las historia argentina. Provocando el default y la devaluación que tanto habían pregonado e instalaron el caos en la Economía Argentina”, al ratificar sus denuncias acerca de la existencia de un complot, que investiga el juez federal Norberto Oyarbide.
Sin embargo, durante las cuatro horas que duró la indagatoria , el ex ministro –detenido y a disposición del juez federal en lo Penal Económico Julio Speroni—puso el acento en sostener que durante la primera operación de canje de títulos de la deuda se pagaron intereses altos porque el Congreso se opuso a permitirle utilizar como garantía de la operación la recaudación impositiva.
En ese sentido, indicó que la imposibilidad de garantizar las operaciones con la recaudación obligó a hacerla con las “tasas de mercado”, a la vez que resaltó que “llevar adelante aunque más no fuera esta operación limitada, era imprescindible para que el FMI considerara que el programa económico presentado para rehabilitar el “Blindaje” cerraba financieramente”.
“En otros términos, Argentina no hubiera conseguido la aprobación del acuerdo con el FMI el día 21 de mayo de 2001, si no hubiéramos comprometido la realización del Megacanje”.
También lanzó cargos contra los diputados que lo denunciaron y contra la causa que se sustancia en su contra al señalar que “constituyen uno de los tantos instrumentos que inescrupulosamente han utilizado los promotores del default y la devaluación en la Argentina”.
“Basta leer las denuncias e interiorizarse de las posturas que habían tenido en el Congreso en oportunidad de discutir el Plan de Competitividad, para advertir que desde entonces estuvieron trabajando para que la Argentina perdiera el crédito, destruyera su moneda y cayera en el caos. La investigación llevada a cabo por los fiscales muestra un acentuado sesgo ideológico, una falta total de capacidad de discernimiento sobre quienes pueden ser identificados como expertos en materia financiera, la aceptación irresponsable de pruebas falsas y mentiras periodísticas”.
Por otra parte, trascendió que Ballestero rechazó una recusación planteada en su contra por los diputados del ARI querellantes en la causa, quienes reclamaron su apartamiento a raíz de la reunión que un grupo de jueces federales y miembros de la Corte mantuvieron con el titular de la SIDE, Carlos Soria, en la cual el funcionario habría planteado que Cavallo debía ir preso.