Un grupo de jueces, fiscales, defensores y académicos se pronunció contra una declaración realizada por la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial y asociaciones que agrupan a jueces y sostuvo que los jueces “deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas”. Los detalles de la solicitada. Dentro del seno de la Asociación de Magistrados también hay cortocircuitos por la cena de fin de año.
“Los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e -incluso- deben ser independientes de las organizaciones que los representan”, expresaron los magistrados, defensores, fiscales y académicos para diferenciarse de los dichos de la “corporación judicial”.
Así lo plasma una solicitada titulada “Una Justicia Legítima” y firmada por más de 200 jueces, fiscales, defensores y académicos que se intenta diferenciar del comunicado emitido la semana pasada por la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial, la JuFeJus, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura; en el marco de la causa por la Ley de Servicios Audiovisuales de Comunicación.
“Muchos de los firmantes de este documento integramos algunas de las organizaciones mencionadas, pero no nos sentimos representados por el contenido del comunicado”, consigna la solicitada firmada, entre otros, por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; la Defensora General, Stella Maris Martínez, los camaristas Alejandro Slokar, Eduardo Freiler, Gustavo Bruzzone; la integrante del TSJ de la Ciudad, Alicia Ruiz y los fiscales Jorge Auat y Félix Crous.
Asimismo, el texto consigna que “la independencia del Poder Judicial es un principio cardinal del sistema republicano, que no debe entenderse limitado a la relación que debe existir entre los poderes del Estado” y advierten que “los jueces cumplen una función esencial en el sistema democrático y, por tanto, su conducta pública -como la del resto de los funcionarios públicos- debe estar sujeta al escrutinio estricto de la ciudadanía”.
Luego, indicando directamente lo sostenido por la “corporación judicial” en su comunicado de la semana pasada, donde se exhorta “para que no avancen en la modificación de las legislaciones locales en perjuicio de la estabilidad de los magistrados”, los firmantes de la solicitada sostuvieron que esta exhortación “trasunta una interpretación incorrecta de los principios que rigen nuestro sistema constitucional de gobierno”.
En tanto que, las autoridades universitarias, docentes y reconocidos profesionales del Derecho que suscribieron la solicitada expresaron “su rechazo a los términos del comunicado emitido por las organizaciones ya mencionadas” y “manifiestan su enfático respaldo a la concepción democrática del Poder Judicial que se pone de manifiesto en este documento”, detalla el escrito difundido.
Por otra parte, la cobertura de vacantes fue foco en ambas comunicaciones. En la de la semana pasada sostuvieron que “la falta de cobertura de cargos de magistrados” genera que “los jueces subrogantes designados no tengan garantías de estabilidad suficiente”. Mientras que en la solicitada reciente destacaron que “la falta de cobertura de cargos vacantes en el Poder Judicial es un problema estructural del servicio de justicia” y que “afecta en definitiva a toda la comunidad”.
“La responsabilidad por este déficit es compartida por todas las instituciones que se encuentran representadas ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, y no de una en particular”, precisaron y agregaron que “superar esta situación requiere de una articulación mancomunada de todos los sectores, dejando de lado posiciones cerradas y dogmáticas”.
Otro punto cuestionado en el marco de este conflicto por suscitado por la causa por la Ley de Medios es el de las recusaciones. Los firmantes sostuvieron que la recusación de jueces “es el mecanismo procesal establecido en la legislación vigente para asegurar un eficaz servicio de justicia y garantizar la imparcialidad de las decisiones judiciales” ya que “es una herramienta que, además de constituir un derecho de los justiciables, contribuye al fortalecimiento de la transparencia del desempeño profesional de la magistratura”.
Esto en evidente contraparte a lo expresado por la Comisión y las asociaciones también en el escrito difundido la semana pasada donde exhortaban al Poder Ejecutivo Nacional a “cumplir estrictamente con el artículo 109 de la Constitución Nacional y a ejercer sus facultades como poder del estado dentro del marco de las reglas procesales, evitando el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces que afecten su independencia”.
Teléfono para Cabral
Una vez más, los jueces celebrarán con su cena anual la despedida del año. Pero este diciembre no es como otros. El presidente de la Asociación de Magistrados, Luis María Cabral, como indica el protocolo, orador principal del evento, no se las verá fácil esta vez. Desde Justicia ya avisaron que Alak no asistirá y desde la Asociación no hay ánimo de afirmar si en verdad hubo invitación o prefirieron evitarse el desplante.