Unas 30 organizaciones presentaron ante los ministerios de Educación de la Nación y Ciudad un escrito para que se “garantice el derecho de las personas con discapacidad de asistir a escuelas comunes inclusivas, junto a personas sin discapacidad”. La convención ratificada por la Argentina en 2008.
Un grupo de 30 organizaciones no gubernamentales reclamaron al Ministerio de Educación de la Nación y al de la Ciudad de Buenos Aires para que se “garantice el derecho de las personas con discapacidad de asistir a escuelas comunes inclusivas, junto a personas sin discapacidad”.
El documento presentado ante ambas carteras de educación se encuentra rubricado, entre otros, por el Centro de Estudios Sociales y Legales (Cels), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación Síndrome de Down República Argentina (A.S.D.R.A.) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).
El reclamo de las organizaciones no gubernamentales se basa en lo que consigna la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por nuestro país en el año 2008.
Según consigna la nota remitida, al Ministerio de Educación de la Nación se le cuestiona la “no aplicación del enfoque social que exige la Convención, la admisión y justificación de las escuelas especiales para personas con discapacidad, la omisión de contemplar la realización de ajustes y flexibilizar el sistema educativo para lograr la inclusión, y la omisión de garantizar su acceso al nivel medio obligatorio común”.
Por lo que reclamaron medidas tales como “que se prevea la realización de ajustes y la provisión de los apoyos que resulten necesarios para asegurar la asistencia, participación y aprendizaje de personas con discapacidad en escuelas comunes” y que “se garantice formación docente adecuada para la inclusión”.
También sostuvieron que “se asegure que las personas con discapacidad asistan a escuelas comunes, convirtiendo las escuelas especiales en escuelas inclusivas para todos y todas, y a la educación especial en un recurso de apoyo para la inclusión en común, transversal al sistema educativo”, también solicitaron.
Mientras que en la nota enviada al Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se le solicitó, entre otras cosas, “la modificación de la reglamentación que actualmente sólo autoriza el ingreso de Acompañantes Personales No Docentes a escuelas estatales para niños/as con TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo), excluyendo a niños/as con otra discapacidad que también requieren este apoyo para facilitar su inclusión en la escuela común”.
Para culminar, las organizaciones recordaron que este año que el Comité de sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, órgano que controla el cumplimiento del Tratado, urgió al Estado a “tomar las medidas necesarias para que los estudiantes con discapacidad inscriptos en escuelas especiales se incorporen a escuelas inclusivas y a ofrecer ajustes razonables a los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo general”.