Así lo sostuvo la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) junto al Programa del Ministerio Público Fiscal sobre Políticas de Género en un comunicado. Además, llamaron la atención sobre las asignaturas pendientes en materia de violencia contra las mujeres que enfrenta el sistema judicial.
La Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) junto al Programa del Ministerio Público Fiscal sobre Políticas de Género criticó el fallo del Tribunal Oral de Tucumán que absolvió a las trece personas imputadas por el secuestro de Marita Verón.
En primer lugar, tras destacar que se trató de una causa que demoró diez años en llegar a juicio oral, advirtieron que “no se ha dado relevancia probatoria a los testimonios de las otras víctimas que pasaron por los prostíbulos que administraban las personas imputadas, hoy absueltas”.
“Esas chicas fueron iniciadas en el sistema prostibulario en edades tempranas debido a la violencia de género que aún persiste en nuestra sociedad. Además de afirmar haber visto a Marita, relataron sus propios infiernos y padecimientos, mostrando la cara más cruel del negocio prostibulario que aun hoy es naturalizado y visto en clave edulcorada”, destacaron.
Asimismo, destacaron que la investigación de esos hechos “fue motorizada por la fuerza, valentía y capacidad de Susana Trimarco, madre de Marita Verón, y los abogados que la acompañaron en esa tarea” para lo que “tuvo que enfrentar y denunciar a buena parte de las agencias policiales y judiciales que, con pistas falsas o trampas legales-procesales, le opusieron un sinfín de obstáculos”.
“Si el caso llegó a esas instancias de debate, en suma, fue gracias a ella”, destacaron.y subrayaron que “los valientes testimonios de las mujeres prostituidas fueron ignorados, mal interpretados o subestimados. O quizá todo a la vez”.
“La experiencia de otros casos similares demuestra que el preconcepto sexista y clasista que, en general, portan los operadores del sistema judicial conduce a que no se conciba un testimonio de esas características como un argumento que precisa de recaudos especiales para su producción e interpretación” explicaron, por lo que “las absoluciones dan cuenta del escaso valor que se les otorgó y representan un pésimo precedente a futuro”.
Todo esto, para los fiscales “demuestra una vez más que la violencia hacia las mujeres es un problema presente que aún cuesta erradicar y que el sistema de administración de justicia necesita trabajar mucho para lograrlo”.
“La Procuración General seguirá profundizando las acciones emprendidas para contrarrestar la violencia contra las mujeres, desnaturalizando la desigualdad estructural entre lo femenino y lo masculino con el fin de romper la inercia discriminatoria que aún persiste. Sólo así será posible lograr que aquellas mujeres explotadas, que se debaten entre salir a contar su historia o seguir sometidas a la ley de la opresión, sepan que su voz vale y que su testimonio tiene sentido”, concluyeron en un comunicado difundido este viernes.