El Procurador General de esa provincia, Jorge Canteros, anticipó la puesta en funcionamiento la Fiscalía Adjunta en lo Penal Especial de Derechos Humanos ya creado en 2011. A su vez, pidió al STJ provincial más presupuesto al Legislativo para adecuarse al nuevo diseño del Ministerio Público y las recientes reformas al Código Procesal Penal provincial.
Mediante un comunicado, el Procurador General de la provincia de Chaco, Jorge Canteros, aclaró que “están tomando todas las medidas tendientes a poner en funcionamiento la fiscalía adjunta en lo penal especial de derechos humanos”.
Al mismo tiempo el procurador sostuvo que “no existe morosidad alguna ni suya ni del Superior Tribunal de Justicia en la materia”. Aunque destacó que en diciembre del año pasado remitió a la presidencia del Alto Cuerpo la nota 580/123 en la que señala que “resulta indispensable la designación del fiscal adjunto en lo penal especial de derechos humanos”.
Ello puesto que con la sanción en 2011 de la Ley provincial 6786 se amplió la competencia de la Fiscalía Penal Especial de DDHH (creada en cumplimiento del Convenio suscripto por la provincia del Chaco a raíz de la causa “Grecco”) y creó el cargo adjunto en cuestión.
El procurador también requirió al Superior Tribunal de Justicia chaqueño que “comunique al Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento la necesidad de cubrir dicho cargo de modo tal que efectúe la propuesta pertinente para la designación del funcionario que lo ocupará”.
Lo que también resulta “necesario”, explica la nota, “ante la inminencia de la puesta en funcionamiento del Nuevo Diseño Organizacional para el Ministerio Público y las recientes reformas al Código Procesal Penal de la provincia”.
En otro orden de cosas, se recordó que “en el punto sexto del acuerdo 3263 del 19 de diciembre de 2012 los ministros del STJ acordaron comunicar al Consejo de la Magistratura que arbitre los medios necesarios para cubrir los cargos en tres Fiscalías de Investigación Penal y un fiscal penal de investigación a cargo de la Mesa Única de Ingreso e Intervención Temprana, creados a partir de la reforma al Código Procesal Penal”.
Aunque el pasado 13 de febrero el procurador general se dirigió mediante nota 34/13 al STJ para que “solicite a la Cámara de Diputados la creación de tres nuevos cargos de Fiscales de Investigación de Flagrancia, así como la asignación de sus respectivas partidas presupuestarias”.
“Estos Fiscales (creados por las modificaciones introducidas al CPP a través de la ley 7143/12) tendrán competencia específica en la investigación y acusación en juicio de los casos en que se proceda a la aprehensión in fraganti del prevenido”, reza la comunicación del procurador.