Además, los voceros confirmaron que se logró secuestrar distinta documentación con la cual se estableció que dicha empresa de dedicaba “a la compra de drogas y comercialización de medicamentos” sin contar con la debida habilitación para llevar a cabo ese tipo de actividades.
Según de desprende de la investigación, el laboratorio clandestino pertenece a Ernesto Cazenave, sobre quien existe una orden de captura dado que hasta el momento permanece en carácter de prófugo de la justicia y a quien se le imputa la comisión de los delitos de infracciones de los artículos 200 y 204 del Código Penal y a las leyes sanitarias provinciales número 10.606 y 11.405.
El juez dispuso la clausura del local ya que consideró que la existencia del mismo representa un “alto riesgo para la salud pública” ya que el edificio carecía de hasta la habilitación sanitaria para llevar adelante ese tipo de actividades.
Por su parte el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción número 13 Cesar Lucero, que intervino en el procedimiento dispuso que tres empleados del laboratorio Belgrano, como se llamaba el local, declarasen en el lugar ya que estaban presentes cuando se produjo el operativo y con el fin de que sus dichos puedan ser usados como prueba de cargo en contra de Cazenave.
Estos tres empleados, uno de ellos de nacionalidad chilena, se encontraban al momento del allanamiento armando medicamentos sin tener ninguno de ellos el titulo de farmacéutico que se requiere para ese tipo de tareas.
El operativo contó con el apoyo de la Dirección Políticas del Medicamento y la Comisión de Control Medicamentos de la Policía provincial, quienes contribuyeron a determinar que el laboratorio "no tenía ningún tipo de habilitación sanitaria".