Brevatas

Declara titular de la UOCRA por tráfico de influencias

Este miércoles el titular del gremio de la construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, declaró como testigo en una causa en la que se investiga el presunto “tráfico de influencias” para liberar a los primeros detenidos por el crimen de Mariano Ferreyra. Según fuentes judiciales Martínez, fue convocado por Ricardo Rongo, subrogante del juzgado de Instrucción N° 11, a raíz de una escucha telefónica en la que aparece mencionado en una supuesta gestión para otorgarle una casa a un hijo del juez de la Cámara de Casación Eduardo Riggi. Se trata de uno de los jueces que aparece mencionado en las escuchas telefónicas de las que participan el sindicalista ferroviario José Pedraza, el contador del gremio, un ex agente de inteligencia, un ex juez federal y un ex empleado de la Casación. En noviembre del año pasado, la Sala VI de la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento José Pedraza, Ángel Staforini, Juan Riquelme, Octavio Aráoz de Lamadrid y el ex empleado de la Cámara de Casación Luis Ameghino Escobar (h), acusado de haber manipulado el sorteo para elegir a una sala del tribunal integrada, entre otros, por Riggi.
 

El ex cantante de Callejeros no será trasladado

Lo dispuso el Juez de Control nº 7 de la Provincia de Córdoba, Esteban Díaz. Ante un pedido de traslado por parte del TOC nº 24 de la Capital Federal. El magistrado sostuvo que a pesar de que el estado físico de Fontanet no impedía el traslado "desde el punto de vista psicológico, la traslación esta contraindicada ya que significaría un perjuicio desde el punto de vista de la salud mental del paciente, con los riesgos que implica". Según el juez no estaban dadas "las garantías a los fines de que Fontanet desde el momento de su entrega a la comisión, hasta su posterior depósito en el centro de detención, asignado a los fines de cumplir la condena, no sufra un grave deterioro de su salud".

Caso de las hermanas Jara:  a pesar de la libertad el abogado de las chicas apelará 

Isidro Encina, abogado de las hermanas Ailén y Marina Jara, aseguró que apelará la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Mercedes, donde se las condenó a dos años, un mes y 21 días de prisión por el delito de lesiones graves, por lo que, dado que ya habían cumplido con ese lapso en prisión preventiva, recuperaron la libertad. El letrado criticó la decisión y reivindicó la lucha de las hermanas, a la vez que aseguró que el fallo fue "salomónico, falaz, absurdo, carente de enfoque de género y corporativo", dado que las chicas "son inocentes". Al mismo tiempo, Encina determinó que el TOC "no creyó en la palabra de las chicas. Demostró que no tiene enfoque de género e incluso en el fallo se tomó con liviandad el testimonio de una mujer sobreviviente de violencia que denunció que Leguizamón la acosaba". Por estos motivos puntualizó que llegará hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es necesario.