Cal y arena

En un documento titulado “La administración de justicia en un Estado de Derecho”, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina expresó su parecer sobre la reforma judicial, que actualmente se debate en el Congreso.

El comunicado se inició con la cita de la misiva que el envió el papa Francisco al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, “Administrar justicia es una de las más insignes tareas que el hombre puede ejercer". Según la institución, esas palabras “recuerdan la vital importancia que la tarea judicial cumple en la vida social”.

A continuación se expresó que “toda decisión institucional concerniente a esta noble misión necesita contar con tiempo suficiente para una prudente y profunda reflexión que preserve en toda su extensión la independencia e imparcialidad de los jueces”.

Se citó, además, la declaración de la Asamblea Plenaria del Episcopado Argentino, que había afirmado que “los proyectos de ley que se encuentran en el Poder Legislativo en orden a regular el ejercicio de la Justicia, presentan aspectos que merecen un profundo discernimiento por la importancia de la materia que tratan. Por ello se requiere de amplias consultas, debates y consensos previos en consonancia con la magnitud de los cambios propuestos”.

Sobre esa base, la UCA se manifestó en contra de los tres proyectos de reforma mas sensibles, que se encuentran en tratamiento legislativo ante la Cámara de Diputados, que son la creación de las Cámaras de Casación, la limitación a las medidas cautelares y los cambios en el Consejo de la Magistratura.

Pero antes de introducirse de lleno en la cuestión, se hicieron apreciaciones tales como “la administración de Justicia en un Estado de Derecho, para ser tal, tiene que ser necesariamente independiente, tanto de todos los poderes económicos y corporativos o sectoriales como de los otros poderes políticos”.

“Hoy el reclamo social apunta especialmente a este punto, a una mayor celeridad y a una respuesta eficaz contra la impunidad”. Pero, según los declarantes “la reforma propuesta en su parte principal no recoge tanto estos reclamos sociales”, sino que, en cambio “constituye un avance del poder político sobre el poder judicial que corre el serio riesgo de avasallar su independencia, en contra de lo dispuesto por nuestra Constitución Nacional”.

Una vez aclarado ello, el documento se centró en las críticas de la Facultad respecto de los mencionados proyectos, como el del consejo de la Magistratura, al que se calificó como que “puede conducir a una indeseable partidización de los jueces, incompatible con la independencia e imparcialidad que es propia de la alta función que cumplen”. Además, se sostuvo que va en contra de lo establecido en el art. 114 de la Carta Magna.

El cambio de las mayorías en el órgano de selección de los jueces, fue considerado “igualmente preocupante”, en tal sentido, “reducir la mayoría especial de dos terceras partes de los miembros a mayoría absoluta (la mitad más uno del total de los miembros) privaría de hecho al organismo de los diálogos necesarios para arribar a más amplios consensos que aportarían mayor legitimidad a las decisiones”.

El documento también se explayó en contra de la transferencia de los fondos de la Corte Suprema a favor del Consejo en los asuntos presupuestarios, económicos y de personal del Poder Judicial de la Nación. “Entendemos que es necesario un mayor debate para clarificar las competencias entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura”, expresaron desde la institución.

En cuanto a las Cámaras de Casación, se señaló que los proyectos generaban dudas, “en cuanto agregan otra instancia que podría significar un nuevo e inadmisible retardo en la administración de justicia”,  en contra del reclamo social al que  se hizo referencia.

La mayor preocupación en ese tema, se debió especialmente en las causas “que afectan a los más vulnerables, como son las referidas a trabajadores y jubilados”. Tampoco tuvo favorable acogida la introducción de “nuevos y complejos institutos como los ‘recursos de casación’ y ‘recurso de inconstitucionalidad y de revisión’”.

Según los declarantes, los mismos “ciertamente requieren un reposado y agudo análisis que no puede concretarse en el escaso tiempo planteado”, en tal sentido, se recordó que “una larga jurisprudencia y una vasta experiencia comparada acompañan la actuación de los jueces nacionales en esta materia”.

“La modificación que se propone respecto al alcance de las medidas cautelares podría conducir, en los hechos, a nuevas formas de indefensión que afectan derechos y garantías constitucionales”, señalaron a propósito del proyecto de reforma con mas debate.

Sin embargo, también se estuvo en contra de que el otorgamiento de cautelares sea irrestricta, “es cierto que la utilización de la medidas cautelares por parte de los jueces debe hacerse con prudencia para evitar un eventual ‘gobierno de los jueces’ que avasalle a los otros poderes”.

La responsabilidad, según el criterio expresado por la UCA, estaría a cargo de la propia Justicia, y mencionó, sin nombrarla, a la Corte Suprema, al señalar que “debería ser la propia Justicia, a través de la vía jerárquica, la que haga compatible las mismas con la Constitución, el bien común y la tutela de los derechos de todos”.

A diferencia de otros comunicados, los firmantes de este documento también resaltaron, para ser “objetivos y justos”, aspectos positivos de los proyectos de reforma.

“Es muy valiosa la iniciativa de dar mejor y mayor publicidad a las sentencias y a las causas en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los demás tribunales inferiores que integran el Poder Judicial de la Nación”, afirmaron sobre este tema.

Sobre el ingreso de personal al Poder Judicial, la Universidad destacó que “la finalidad de garantizar un ingreso en condiciones de igualdad resulta realmente loable, siendo especialmente valiosa la inclusión de un cupo para personas con discapacidad”. Pero se remarcó que, a la luz de la redacción del artículo 113 de la Constitución Nacional, habría que ponderar que la ley promovida “no sea una injerencia en atribuciones constitucionales de la Corte Suprema”.

También recibió aprobación el proyecto sobre la publicidad de las declaraciones juradas de los magistrados, el documento expresó que era bueno “impulsar medidas para una mayor transparencia en torno a los patrimonios de los funcionarios judiciales, hecho que contribuirá a una mayor confianza en la justicia”.

Sobre ese tópico, se comentó que “la propuesta legislativa concreta, en debate en el Congreso, está atravesada por complejas cuestiones técnicas sobre los alcances de la información que será publicada en el sitio de internet de la Oficina Anticorrupción”, con la simultánea eliminación de la Comisión Nacional de Ética Pública que propone el art. 8 del proyecto 002-PE-2013. La misma funciona en el ámbito del Congreso, “pero que está integrada por ciudadanos de reconocidos antecedentes y prestigio público que no integran el órgano que los designara”.

Esos puntos, según el texto,  no se enmarcarían “en los principios republicanos que animan a nuestra Nación”.

La declaración finalizó con un discurso del papa emérito Benedicto XVI, ante el parlamento alemán, allí, el pontífice afirmó que “la política debe ser un compromiso por la Justicia, y crear así las condiciones básicas para la paz. Naturalmente, un político buscará el éxito, que de por sí le abre la posibilidad a la actividad política efectiva. Pero el éxito está subordinado al criterio de la justicia, a la voluntad de aplicar el derecho y a la comprensión del derecho. El éxito puede ser también una seducción y, de esta forma, abre la puerta a la desvirtuación del derecho, a la destrucción de la justicia”.