En los fundamentos de su resolución, Sorondoseñaló que “innegablemente la madre de todos losproblemas resulta ser el acusado hacinamientoexistentes en el lugar, con su inevitable efectomultiplicador de situaciones degradantes sobre losallí alojados”.
Sorondo también sostuvo que “la situación no esprivativa de la referida seccional” dado que “en laactualidad existen en las 28 comisarías de laJurisdicción un total de 820 detenidos, cuando lacapacidad de alojamiento es de 354; siendo de públicoy notorio que este estado de cosas se reitera en –almenos- todos los departamentos judiciales del Gran BuenosAires, donde el problema reviste carácter de endémico”.
El magistrado tampoco ahorró críticas al exgobernador bonaerense Carlos Ruckauf y su ley deexcarcelaciones al asegurar que “la superpoblación dedetenidos en el ámbito provincial se ha vistosensiblemente agravada a partir de la ley 12.405,prohijada de urgencia al calor de profundoscuestionamientos a la política –o falta de política-de seguridad”.
Según Sorondo, esa ley se aplicó “disponiendo elobligado encarcelamiento provisorio del sospechoso alvedar toda posibilidad excarcelatoria durante eltrámite procesal, sin importar la menor cuantía de lapena en expectativa ni la falta de antecedentes delsujeto perseguido”, por lo que “los calabozos se llenaronasí de imputados primarios que a lo sumo seriancondenados en suspenso en caso de probarse suculpabilidad”.
El juez aseveró que “ni el auge delictivo, nimucho menos una ley sancionada y promulgada sin lamenor planificación” puede “constituir justificativopara incumplir, el mismo Estado, el mandato del Art. 18de la última parte de la Constitución” que establecela condición habitable de las cárceles y que estas nosean utilizadas como castigo”.