En los fundamentos de su resolución, Sorondo señaló que “innegablemente la madre de todos los problemas resulta ser el acusado hacinamiento existentes en el lugar, con su inevitable efecto multiplicador de situaciones degradantes sobre los allí alojados”.
Sorondo también sostuvo que “la situación no es privativa de la referida seccional” dado que “en la actualidad existen en las 28 comisarías de la Jurisdicción un total de 820 detenidos, cuando la capacidad de alojamiento es de 354; siendo de público y notorio que este estado de cosas se reitera en –al menos- todos los departamentos judiciales del Gran Buenos Aires, donde el problema reviste carácter de endémico”.
El magistrado tampoco ahorró críticas al ex gobernador bonaerense Carlos Ruckauf y su ley de excarcelaciones al asegurar que “la superpoblación de detenidos en el ámbito provincial se ha visto sensiblemente agravada a partir de la ley 12.405, prohijada de urgencia al calor de profundos cuestionamientos a la política –o falta de política- de seguridad”.
Según Sorondo, esa ley se aplicó “disponiendo el obligado encarcelamiento provisorio del sospechoso al vedar toda posibilidad excarcelatoria durante el trámite procesal, sin importar la menor cuantía de la pena en expectativa ni la falta de antecedentes del sujeto perseguido”, por lo que “los calabozos se llenaron así de imputados primarios que a lo sumo serian condenados en suspenso en caso de probarse su culpabilidad”.
El juez aseveró que “ni el auge delictivo, ni mucho menos una ley sancionada y promulgada sin la menor planificación” puede “constituir justificativo para incumplir, el mismo Estado, el mandato del Art. 18 de la última parte de la Constitución” que establece la condición habitable de las cárceles y que estas no sean utilizadas como castigo”.