La presentación fue formulada por los abogados Marcelo Parrilli y Antonio Liurgo quienes denunciaron la existencia de un “pacto delictivo para brindar impunidad a los banqueros detenidos, prófugos y /o investigados” por maniobras irregulares que derivaron en el vaciamiento de los bancos perjudicando a los pequeños ahorristas.
En el escrito se destaca la activa participación del FMI en torno a la aprobación de la norma, que junto con la reforma a la ley de Quiebras es requerida por el organismo internacional, a la vez que se formula una advertencia acerca del destino que correrán las investigaciones llevadas a cabo por la comisión parlamentaria que encabezó Elisa Carrió sobre las maniobras de lavado de dinero en la Argentina en las últimas décadas, en las que aparecen señalados los directivos de los bancos.
También destacaron que la derogación de la antigua norma tuvo como único propósito “beneficiar a los banqueros que se enriquecieron con los negocios de la última década y que luego vaciaron los bancos llevando el dinero de los pequeños ahorristas”.
“Esta maniobra inducida por el Fondo Monetario Internacional, no es una elección política sino un pacto delictivo para brindar impunidad a los banqueros detenidos, prófugos y/o investigados”, sentenciaron.
Asimismo, indicaron que “queda claro que se ha dado media sanción tratando de eliminar una norma legal que pune y sanciona una forma de delinquir en contra de los intereses de la Nación” por lo que “es dable preguntarse porqué se impide la investigación de los 110.000.000 de pesos que se fugaron del circuito financiero y de las reservas del banco Central que llegaron a 40.000 millones de pesos, hoy inexistentes”.
En ese sentido, estimaron “sugestivo verificar la suma que se omite investigación, para intelectar (sic) porqué el FMI no quiere que se instruya causa contra las maniobras realizadas por banqueros y políticos corruptos”.
A su vez , advirtieron que “de esa forma se intenta destruir todo el trabajo de la diputada Elisa Carrió cuando enumeró a los banqueros que se robaron el país, ordenándose vía derogación la inmediata impunidad de todos los delincuentes”.
Citan en ese marco las aseveraciones del senador Rodolfo Terragno, quien consideró la existencia de una “asociación ilícita” en torno a esa maniobra, de la que formarían parte el Poder Legislativo, el Ejecutivo y los banqueros, tal como lo sostuvo en una nota periodística de su autoría.
“Esta injustificable traición a la Patria no resiste ningún análisis de orden político y tampoco puede argumentarse como defensa la judicialización de la esfera legislativa”, ya que la maniobra “acomete contra los intereses del estado y la ciudadanía toda, pues viola la igualdad ante la Ley permitiendo beneficiar a delincuentes en pleno proceso y coartar toda nueva posibilidad de recupero de capitales pertenecientes al estado y los particulares”, sentenciaron.
Por otra parte, señalaron que “cuando los integrantes de un poder como el legislativo a instancias del ejecutivo llevan con sus decisiones a la ciudadanía al abismo, la Constitución Nacional es violada y el artículo 227 ter del Código Penal es el tipo descriptivo del catálogo cargoso que habilita a interpretar la posibilidad de aumentar las penas de los delitos denunciados”.
Por último, advirtieron que “si un legislador traiciona su mandato además de la condena social que actualmente les impide circular libremente por las calles, debe, sin duda ser juzgado por un juez federal”.