La Comisión de Coordinación y Seguimiento de control Judicial de Unidades Carcelarias entregó una recomendación al Ministerio de Justicia y al Servicio Penitenciario Federal (SPF) para "sistematizar el seguimiento judicial de los fallecimientos producidos en establecimientos penitenciarios".
La Comisión de Coordinación y Seguimiento de control Judicial de Unidades Carcelarias entregó una recomendación al Ministerio de Justicia y al Servicio Penitenciario Federal (SPF) una recomendación dirigida a sistematizar el seguimiento judicial de los fallecimientos producidos en establecimientos penitenciarios.
La recomendación fue recibida por el ministro de Justicia, Julio Alak, el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, Franco Picardi; y al flamante titular del SPF, Alejandro Marambio.
La comisión nuclea a los jueces de las cámaras de Casación Penal, Federal y del Crimen; a la Procuración General y la Defensoría General de la Nación, a organismos encargados del control carcelario y al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El titular de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, explicó que la primera recomendación está “vinculada directamente con el derecho a la vida”, y destacó en ese orden la necesidad de que todos los actores vinculados a las cuestiones penitenciarias hagan un aporte sustancial al respecto.
También el magistrado explicó que “estamos generando un espacio polifónico en el que tengan intervención todas las voces responsables e interesadas en mejorar permanentemente las condiciones de detención”.
“Establecer mecanismos de investigación y estudio que permitan evaluar las condiciones particulares y estructurales que dan lugar a los fallecimientos”, destacó Marambio y agregó que “esta nueva gestión consolidará los logros en materia de aumento de trabajo y educación en los ámbitos de encierro”, a los que consideró como “determinantes para una adecuada reinserción y reducción de la violencia social”.
La recomendación pone de resalto las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y destaca que "el Estado se encuentra en una posición especial de garante con respecto a las personas privadas de libertad, y tiene el deber de prevenir todas aquellas situaciones que pudieran conducir, tanto por acción, como por omisión, a la supresión de este derecho".
Al recibir el documento, Marambio cuestionó además el uso excesivo de la prisión preventiva por parte de los jueces, que -según dijo- provoca el colapso del sistema penitenciario y lo hacen inviable.
En el encuentro estuvieron presentes además Mariano Borinsky de la Cámara de Casación; el titular de la Sala I de la Cámara Federal, Jorge Ballesteros; la titular de la Sala V de la Cámara del Crimen, Mirta López González; los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 27 María De Luca y Martín Vázquez Acuña,; Marcelo Peluzzi y Axel López, jueces de Ejecución.
También estuvieron Abel Córdoba, titular de la Procuraduría Contra la Violencia Institucional (PROCUVIN); Catalina Heilbron y Silvia Martínez, integrantes de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General. También asistieron Paula Litvachky, titular del área de Justicia y Seguridad del CELS, y Francisco Mugnolo, procurador Penitenciario de la Nación.