Santa Fe se suma a las provincias que pretenden contar con un cuerpo de investigadores judiciales que no dependa de ninguna fuerza uniformada. Esta semana, la Cámara Baja provincial dio media sanción a un proyecto que prevé la creación del órgano.
Hace apenas un mes, el gobernador santafesino Antonio Bonfatti precisó que para que la reforma integral de la Justicia llevada a cabo en la provincia se complete debía llevarse a cabo la creación de una Policía Judicial. De esa manera, la transformación y cambio de paradigma esperado allí podría concretarse. La promesa era que para fines de este año, todo estaría preparado para ello.
Y parece que finalmente así sucederá, debido a que la Cámara Baja de Santa Fe aprobó el proyecto de ley que prevé la creación de un cuerpo de investigadores judiciales que no dependan de ninguna fuerza uniformada federal o provincial.
Las discusiones en relación a esta idea habían comenzado en mayo de este año, con reuniones entre varios especialistas en el mundo del derecho santafesino. Con reuniones entre académicos, integrantes del Ministerio de Justicia y del Poder Judicial provincial se comenzaron a trazar los primeros lineamientos que culminaron con una iniciativa del diputado Eduardo Toniolli (FpV).
En la iniciativa, el integrante de la Cámara de Diputados santafesina y perteneciente al Movimiento Evita precisó que la unidad de investigaciones judiciales dependerá del fiscal general provincial.
En orden a justificar la presentación de la iniciativa, el legislador recordó la gran cantidad de casos de abusos y malversación de evidencias que implicaron a policías: “En todo 2012 hasta mayo de 2013 recibieron 334 denuncias; la mitad de esas causas judiciales no avanzaron, y sólo hubo un procesamiento”.
En declaraciones a medios locales, el integrante de la Cámara Baja afirmó que el propósito es “crear un cuerpo bajo la órbita del fiscal general de la provincia. A partir de la plena implementación del nuevo código procesal penal los fiscales tendrán un rol central en las investigaciones. A partir del nuevo código de procedimiento, los fiscales investigan y los jueces imparten condenas. Para que puedan hacer eso necesitan un organismo especializado que los acompañen, por lo menos para los delitos complejos”.
Al mismo tiempo, Toniolli destacó que “en delitos ligados al narcotráfico, la trata de personas y todas aquellas conductas que tengan por protagonistas a funcionarios públicos, ya sean políticos, judiciales o policiales”.
“Esto es muy importante porque el cuerpo deberá tener independencia administrativa y funcional de la policía o del Ministerio de Seguridad. Es decir, es un cuerpo de investigadores bajo la órbita del fiscal general de la provincia”, agregó en esta línea de razonamiento el miembro del FpV.
“Hubo señales clarísimas de que el narcotráfico se comía a la política. El triple crimen de Villa Moreno, donde fueron asesinados tres jóvenes en Villa Moreno, fue una señal tremanda. Ahí se articulaban todos los elementos del tráfico. Hay un discurso muy instalado que dice que el combate efectivo del delito y la defensa de las garantías y derechos individuales van por carriles separados. Esto no es así. Hay demostraciones concretas de que la violación de determinados procedimientos o de garantías constitucionales, son herramientas para la gestión del delito por parte de las fuerzas de seguridad”, expresó el diputado.