Un conjuez chubutense volvió a reiterar un embargo a su provincia y peligra el pago de sueldos a algunos empleados públicos. La acción fue llevada a cabo a raíz de un viejo reclamo por ajuste salarial de los magistrados provinciales. Recientemente, el STJ suspendió a otro conjuez por llevar a cabo una acción similar.
¿Qué sucedió para que se generara malestar entre algunos empleados públicos de Chubut por la posible falta de pago de sueldos? La historia comenzó en hace cinco años, en 2008, cuando la Asociación de Magistrados de Chubut realizó un reclamo que muchos jueces han hecho en todo el país y que solo pocas provincias han solucionado: el enganche salarial con los aumentos dispuestos por la Corte Suprema de la nación.
A partir de entonces, una serie de presentaciones realizadas en este sentido provocó que las cuentas del Estado provincial sean paralizadas, pero ahora se llegó a una situación difícil, ya que la última orden de este tipo, que embargó un monto de 13 millones de pesos al Gobierno chubutense, pone el peligro el pago a proveedores y de sueldos.
La decisión fue tomada por el conjuez Héctor Freile, quien volvió a hacer eco del reclamo de los jueces como su colega Francisco Romero, quien, por haber puesto en peligro el erario público, fue suspendido por los integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut.
En total, la cifra asciende a 26 millones de pesos, y responde a que el embargo dispuesto por Romero fue ratificado por su par, quien agregó otros 13 millones. Desde el Gobierno, por supuesto, alegaron que se encontraban en una absoluta desventaja ante decisiones de estas características.
En este sentido, el ministro de Gobierno, Javier Touriñán destacó que “los amparos están dificultando mucho el quehacer provincial porque bloquean cuentas", a la vez que destacó que los magistrados deberían ser más “condescendientes. Esta andanada que han llevado adelante ciertos magistrados culminó con dos sentencias desfavorables para la Provincia. El juicio se originó hace muchos años atrás en una concepción muy sui generis, muy traída de los pelos y antojadiza que tienen los magistrados respecto a su salario”.
“Nunca en la vida de la historia de la provincia del Chubut se les ha disminuido el salario. Los jueces, la crema innata de la intelectualidad judicial de Chubut, han considerado que en promedio cobran menos que otros pares de otras provincias, argumento para decir que sus salarios se han disminuido”, afirmó el funcionario.
Las quejas contra el abogado y conjuez Francisco Romero también surgieron desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH), desde donde se señaló que “tiene su matrícula como abogado suspendida debido a denuncias de mala praxis hechas por particulares. Es decir tiene suspendida su matrícula pero la Provincia, y en particular el fiscal de Estado Blas Meza Evans, lo acepta como juez en una causa que le costará a la provincia cientos de millones de pesos”.
La matrícula del letrado había sido suspendida por varias denuncias de mala praxis que recibió de parte del Sindicato. De esta forma, pudo seguir operando como conjuez a pesar del problema con su matrícula debido a que el STJ demoró en elevar una resolución donde se lo quitaba de la lista de postulantes para ese cargo.
En su resolución de suspensión, los integrantes del Máximo Tribunal provincial afirmaron que “el Superior Tribunal de Justicia posee la facultad de formar anualmente en las épocas que fijen la reglamentación o las leyes, las listas de conjueces para la integración de tribunales y juzgados, estableciendo las calidades que deben reunir sus integrantes”.