La Procuración Penitenciaria de la Nación presentó un proyecto de Ley para la “Acreditación Funcional de Establecimientos para la Privación de la Libertad y Control de la Superpoblación”.
El último viernes 4 de octubre, la Procuración Penitenciaria de la Nación presentó un proyecto de Ley en el Congreso de la Nación para intentar atacar el problema de la superpoblación y “regular la capacidad funcional y de alojamiento de los establecimientos de privación de libertad”.
Según explicaron desde el organismo liderado por Francisco Mugnolo, la iniciativa posee tres principios que se orientan en referencia a tratar la cuestión de la gestión del cupo carcelario y de modo compatible con los principios que rigen en materia de derechos humanos.
Esas son: “la fijación y puesta en funciones de un mecanismo de acreditación confiable y transparente del cupo disponible en cada establecimiento penal”; “el funcionamiento de un sistema de acceso de información en tiempo real acerca de los niveles de ocupación, de modo de permitir un control permanente y la toma de decisiones fundadas con sostén en datos sólidos” y “un mecanismo de prevención y remedio concreto de la problemática de sobrepoblación”.
Asimismo, desde el organismo destacaron que “sancionar una ley como la que se propone es además la forma de expresar un compromiso político común”.
“Es necesario que las fuerzas políticas y los grupos y personas que las avalan asuman la complejidad del asunto y se esfuercen por expresar una clara vocación política contra la superpoblación y la tortura”, explicaron desde la procuración penitenciaria.
“Nuestra pretensión es dar visibilidad y cooperar a una solución concreta a un problema grave y urgente, convocando al mayor debate y participación posibles para encontrar un camino que satisfaga nuestras expectativas como comunidad democrática”, concluyeron.
Asimismo, explicaron que en el ámbito federal, se comprobó ya hace años que la Unidad28 del SPF se emplea para el alojamiento prolongado de personas, a pesar de que debería funcionar como modo de traslado y alcaidía judicial para estancias muy acotadas.
Según explicaron desde el organismo “también se verificó que en los principales establecimientos del área metropolitana —los Complejos Penitenciarios Federales I (Ezeiza) y II (Marcos Paz), y el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Devoto)— se implementaron medidas improvisadas para incrementar irregularmente la cantidad de plazas”.