Esto dijo el consejero de la Magistratura, Daniel Ostropolsky, a Diario Judicial en su despacho ubicado en el sexto piso de la calle Paraná al 300. Ante la parálisis que sufre el organismo, el representante de los abogados del interior fue más allá y apuntó como una de las causas del "mal funcionamiento "a “la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura, la ley 26.080”. Para el consejero, esta reforma le dio una “potenciación al sector político y el Consejo se vuelve un organismo más político que técnico”. Ostropolsky concluyó: “Los abogados, los jueces y el representante académico tenemos que sobrevolar la parcialidad y pensar en el bienestar de la sociedad”.
-¿Cómo ve la falta de reuniones en el Consejo de la Magistratura?
-Esta forma tan distinta de funcionamiento obedece a la preeminencia del sector político sobre otros estamentos. Cuando quiere condicionar una votación, al no lograrlo, ha determinado que no den quórum para que el Consejo se siga reuniendo. El problema esencial es la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura, la Ley 26.080, impulsada por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. La Constitución en el artículo 114 determina la creación de un organismo técnico-político y esta amalgama es lo que le permitió durante la vigencia de su primera ley trabajar en forma equilibrada, si bien no era igualitaria pero equilibrada.
-Y con relación a la última reforma, ¿está operable?
-Hay que dividirlo en dos partes. Los artículos declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia sin lugar a dudas se encuentran totalmente nulificados. Esa parte del articulado que atiende sustancialmente a la composición el Consejo. Pero por otro lado, existen toda una serie de artículos que impactan sobre temas sensibles en el Consejo que no están declarados inconstitucional. Hay un estado de indefinición acerca de que está vigente y que no. Entre ellos hay materias sensibles como son el cómo constituyen las ternas, en el caso de selección de magistrados, y el tema de las subrogancias.
-¿Qué porcentaje de responsabilidad tiene el Consejo con la gran cantidad de vacantes existentes?
-El Consejo tiene toda la responsabilidad en la tramitación del concurso que culmina con la terna que se eleva al Ejecutivo. En este año, a pesar de todas las vacantes que hay 249, no se ha abierto ningún concurso. Esto es responsabilidad exclusiva de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo. Se está degradando al Consejo al no impulsar, sólo reuniones, sino los pasos procesales necesarios para que los concursos se inicien y avancen. Hay también una gran cantidad de ternas remitidas al Poder Ejecutivo que tiene que nominar al postulado y remitir su pliego al Senado de la Nación. También hay algunos casos que tiene el Senado y que todavía no ha remitido el pliego.
-El Poder Judicial no es técnico puramente, también es "político". La ley sostiene que se necesitan dos tercios de los votos para aprobar una terna. A veces no llegar a esos dos tercios en un concurso que no tuvo impugnaciones en su trámite es una decisión política.
-No. No estoy de acuerdo. Cuando se inició el consejo que tenía 20 miembros había cuatro abogados. Los cuatro formaban parte de la Comisión de Selección. Con la reforma se bajó a dos la cantidad de abogados y además los abogados fuimos marginados de la Comisión de Selección. Con lo cual la primera y única oportunidad en la que los representantes de la abogacía en el Consejo tienen la oportunidad de expresarse es en el Plenario. Con lo cual la cuestión de decir “antes no se dijo nada” a los abogados no nos compete. El hecho de que venga aprobado por la Comisión de Selección, no implica de por sí que hay que votar en un sentido determinado si uno tiene reparos de acerca de cómo se ha producido ese proceso. En el concurso que me nombra [N de R: vacantes para el fuero Civil y Comercial] se producen cambios en el orden de mérito que no me conforman. Yo he sido un crítico de los sistemas de selección. Si usted analiza cual ha sido mi actitud en los Plenarios. Apuntar contra la excesiva discrecionalidad sin fundamentos para modificar los órdenes de mérito y sacar de la terna a algunos postulantes. Todos los que tenemos alguna actividad que tiene de contenido el Poder Judicial, a pesar de las opiniones políticas que todo ciudadano puede tener, tiene que ponerse por encima de sus opiniones y determinar lo que es mejor en relación al sentido de la sociedad que representamos. No estoy de acuerdo con sostener sea cual sea el contenido ideológico con relación a la actitud del Poder Judicial. Los abogados, los jueces y el representante académico tenemos que sobrevolar la parcialidad y pensar en el bienestar de la sociedad.
-¿Cuál es el perfil de juez que usted busca en los procesos de selección?
-Una de las críticas que yo hago es que se busca un perfil academicista. Que sepa Derecho, que haya realizado cursos y lo que creo que es lo más importante a los fines de la determinación de quién es el mejor candidato es el criterio, la independencia y la imparcialidad, valores que se pueden mensurar. Lo único que garantiza verdaderamente la independencia del Poder Judicial es que sea imparcial y tenga opinión de criterio.
-¿Qué opina de la realización exámenes posteriores de carácter psicológico a los jueces?
-Creo que debería ser inmenso dentro de un carácter general. Creo en la capacitación contínua. Los jueces como todos los funcionarios públicos tienen que estar aggiornados en sus conocimientos y que la práctica les obliga a estar actualizados. Por otro lado, sería muy positivo que se pudiera establece periódicamente la capacidad psicofísica de los jueces. Creo que ninguno podría rechazar este tema, siempre y cuando se haga con perfiles técnicos y no políticos.
-La Corte Suprema reconoció la necesidad de reformas ¿Qué opina?
-Está muy bien. Reformas necesita el Poder Judicial pero no debemos circunscribirnos a lo que se dio en llamar ¿democratización de la Justicia¿ porque eso no eran reformas. Los números demuestran cuál es el verdadero sentido en que se deben circunscribir los caminos hacia una verdadera reforma del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo envía un proyecto para crear cámaras de casación en distintos fueros y que las instancias demoren más. A raíz de lo que muestran las estadísticas del propio Poder Judicial, donde los juzgados de primera instancia tienen una cantidad de expedientes que subvenir absolutamente imposibles de suplir con los recursos humanos, tecnológicos y edilicios con los que cuentan. Hay un verdadero espíritu de sacrificio y vocación por parte de los jueces y funcionarios para llevar adelante una tarea que no tiene el apoyo que debería tener. Los pleitos de primera instancia en toda la justicia nacional y federal de todo el país, son aproximadamente dos millones cuatrocientos mil, según estadísticas del 2011. Mientras que en los tribunales las alzadas las causan suman entre 60 y 70 mil. Lo que demuestra es que hay que mirar y centrar la atención de esos dos millones cuatrocientos mil. Y esto de qué manera, generando nuevos juzgados, comodidades adecuadas y capacidad razonable de cantidad de trabajo que puedan efectuar cada instancia, y la incorporación de tecnología. Si bien se está en un plan todavía no se ha demostrado que este en un funcionamiento optimo la capacidad tecnológica con la que la moderna ciencia de procesamiento de datos pueda con seguridad permitir que los proceso avancen de manera distinta a los sistemas de gestión que se han venido haciendo y que nosotros prácticamente tenemos desde hace más de 100 años.
-¿Qué papel tiene que tener el Consejo en estas modificaciones?
-Soy un convencido de que el Consejo es una creación sumamente importante del constituyente del ´94 porque permite que los tres poderes se reúnan en un organismo, donde además se incorpora al sector de la sociedad civil que está en contacto como intermediario forzoso entre la sociedad y el Poder Judicial que son los abogados. De las resultas de este equilibrio el consejo empezó con una producción sumamente interesante y prolífica. Desgraciadamente la reforma que sanciona la Ley 26.080 destruye el equilibrio estamentario y le da una potenciación al sector político y el Consejo se vuelve un organismo más político que técnico. El sector político importa prácticas del parlamento, como la de no dar quórum, que se dejó de dar para el tratamiento de los temas más álgidos del consejo. Creo que hay que recuperar al consejo y ponerlo en valor.