04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

En Tucumán el desafuero se pide al por mayor

La Fiscalía Anticorrupción tucumana solicitó a la justicia el desafuero de 25 legisladores que votaron por la reforma constitucional. La oficina constató “ostensibles incrementos patrimoniales desde el inicio del actual mandato”.

 
La Fiscalía Anticorrupción de la provincia de Tucumán solicitó al juez Víctor Manuel Pérez que requiera el desafuero de 25 de los 27 legisladores que votaron por la reforma constitucional y que “experimentaron un incremento patrimonial ostensible desde que asumieron en 1999”.

“Este crecimiento no podría ser justificado por la dieta de 2.500 pesos netos que cada uno percibe por mes”, señaló el fiscal Esteban Jerez, quien comprobó numerosas compras de bienes, muchos viajes al exterior y plazos fijos que superan los 500.000 pesos, según informó el diario La Gaceta.

El fiscal pidió el desafuero de 25 legisladores pero excluyó a los justicialistas René Concha y a Edgardo Rocha, ya que, a pesar de que votaron en favor de la reforma, no se pudo determinar que sus patrimonios hayan crecido desde que asumieron en diciembre. El magistrado tiene plazo hasta mañana para pronunciarse.

De la investigación surge que los registros automotor e inmobiliario detallan la adquisición de numerosos bienes por parte de los 25 señalados. “Los informes bancarios existentes en el expediente dan cuenta de saldos positivos en certificados de plazos fijos que superan en algunos casos los 500.000 pesos, y los de Migraciones indican la salida al exterior de varios legisladores, en diferentes oportunidades”, manifestó Jerez.

Jerez resaltó que la norma que habilitó la reforma de la Constitución fue la conclusión de un proceso que se inició en 1999. “No se debe empezar a sospechar de una determinada conducta desde la sanción de la ley, sino que con ella se alcanza la perfección de una sucesión de actos”, consideró.

El fiscal Anticorrupción vinculó en la presunta maniobra de compra de voluntades al vicegobernador Sisto Terán. Para ello tomó en cuenta el testimonio del legislador peronista disidente Osvaldo Cirnigliaro que había denunciado al presidente de la Legislatura por el manejo de 5 millones de pesos por año en gastos de funcionamiento parlamentario sin explicación.

Si Pérez resuelve hacer lugar al pedido del fiscal el Parlamento local deberá pronunciarse, concediéndolo o denegándolo, en 15 días corridos.



dju / dju
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